El registro pertenece al ex diputado nacional y ex candidato a intendente por el P.J

Barranqueras: intervienen el Registro de la Propiedad Automotor que maneja Juan Carlos Ayala

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11/11/2017 | 09:12

El Registro de la Propiedad del Automotor de Barranqueras, a cargo del ex diputado nacional Juan Carlos Ayala, fue intervenido este viernes. Lo hizo la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) tras una auditoría donde se encontraron presuntas irregularidades en el cobro de los aranceles e incumplimientos del Convenio de Complementación de Servicios vigente.

La Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) ordenó la intervención del Registro de la Propiedad Automotor de Barranqueras, que está a cargo del ex diputado nacional y ex candidato a intendente de Barranqueras por el peronismo, Juan Carlos Ayala. Fue luego de una auditoría en donde se advirtieron presuntas irregularidades en el cobro de aranceles e incumplimiento del convenio con la DNRPA.

La disposición que ordenó intervenir el organismo es la número DI-2017-420-APN-DNRNPACP#MJ y tiene fecha del 3 de noviembre. En la misma se asegura que de acuerdo a una auditoría integral realizada en el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Barranqueras y al Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva para Motovehículos, ambos a cargo del ex diputado nacional y ex candidato a intendente de Barranqueras por el PJ, Juan Carlos Ayala, se constató que hubo “irregularidades de carácter técnico registral que se vinculan a la errónea percepción de aranceles, entre otras, y de especial entidad incumplimiento de las normas contenidas en el Convenio de Complementación de servicio vigente”.

En este sentido, se explicó que al realizarse el control de los depósitos y declaraciones juradas del período enero 2015/enero 2017 se determinó que los pagos a favor del Organismo Recaudador fueron realizados en su gran mayoría “fuera del plazo establecido en el referido Convenio, abonando importes en concepto de mora”.

“Que a lo dicho se suma el comportamiento advertido en los meses de septiembre y octubre de 2015 toda vez que se comprobó que el señor Ayala no efectuó el depósito de las recaudaciones, procediendo a suscribir un plan de pago por 760 mil pesos, en 12 cuotas, más intereses y punitorios que a la fecha ya se encontraba cancelado”, añadió la auditoría.

Por otra parte, se verificó una falta de coincidencia entre el sistema de cálculo para el cobro del Impuesto de Sellos de la Administración Tributaria Provincial y los montos de sellado incluidos con los aranceles que emite SURA.

“Que así arrojó durante el período enero 2015 a diciembre de 2016 una diferencia en defecto de 194 mil pesos, monto respecto del cual el señor Ayala solicitó nuevo plan de pagos, también en doce cuotas”, remarcó.


“Responsable directo”

La DNRPA recordó que Ayala maneja el Registro de Propiedad Automotor de Barranqueras gracias a un convenio de complementación de servicios y que por tanto “es responsable de forma directa y personal ante dicha repartición”.

Sin embargo, el organismo advirtió que “las conductas como las constatadas perjudican a la Dirección Nacional desnaturalizando los objetivos perseguidos por las partes al celebrar el citado Convenio, amén de exponer patrimonialmente a la propia cartera de justicia ante eventuales reclamos de carácter pecuniario que podrían articularse por las sumas adeudas a las rentas del Estado provincial”.

“El actuar seguido por el interventor deviene inadmisible para un funcionario público”, sentenció la DNRPA, al tiempo que aseveró que este tipo de actitudes generan una “falta de confianza”. Por eso, “esta Dirección Nacional no puede permanecer ajena y menos permitir situaciones como las encontradas. La inacción acarrearía como consecuencia el riesgo de la reiteración de la conducta por períodos posteriores”.

Registros privados

Cabe recordar que en el país los Registros de la Propiedad Automotor están privatizados hace muchos años. Desde 1983 en adelante, y sobre todo en el período comprendido, entre 1989 y 1999, allegados a distintos dirigentes políticos, fueron favorecidos con el otorgamiento discrecional de titularidades delegadas por el Estado Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, explicó el ex diputado santafesino, Marcelo Brignoni.

Los Registros de la Propiedad Automotor son oficinas públicas que se encargan de anotar la propiedad de todos los vehículos que existen en el país. Son los lugares donde se asientan los datos, y se certifica la veracidad de los mismos, de todos los vehículos que circulan, se venden y se compran en nuestro país. Esta tarea la realiza una suerte de “concesionarios”, delegados en los Registros, en nombre del Estado Nacional. Es decir que estos “concesionarios privados” manejan y arbitran la documentación pública pertinente.

Los ingresos monetarios de estas dependencias provienen de los aranceles que los propietarios de las unidades que deben pagar al realizar distintos trámites vinculados con la titularidad del automotor, ya sea por la compra de un cero kilómetro, la transferencia de la titularidad de un vehículo usado, la actualización de la cédula de identificación, la inscripción o liberación de prendas, denuncias de venta, etc.

De las ganancias obtenidas por los “concesionarios” o encargados, se debe girar un porcentaje al Ministerio de Justicia de la Nación. Ese porcentaje de dinero no es un canon fijo, ya que es porcentual de la recaudación. Las rendiciones son de carácter mensual. El resto, deducidos gastos, es ganancia neta. Poco riesgo y mucha renta sin ninguna competencia, lo que se dice un “buen negocio”.

En todo el país existen 748 Registros de Propiedad Automotor con competencia en automotores, mientras que si le sumamos las oficinas de los Registros que atienden la titularización de motovehículos, maquinarias agrícolas y créditos prendarios, la cifra se eleva a 1436.

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