La justicia federal ordenó una serie de allanamientos como consecuencia de una denuncia por supuesta evasión y lavado de activos, que involucra a funcionarios provinciales de primer nivel. La jueza federal Zunilda Niremperger dio la orden, y el fiscal Patricio Sabadini tuvo a su cargo coordinar a las fuerzas federales que concretaron al menos siete allanamientos, en distintas oficinas del gobierno, Fiduciaria del Norte, y una empresa de publicidad.

Las autoridades del Poder Ejecutivo prestaron colaboración para el desarrollo de las labores judiciales, y ordenaron poner a su disposición toda la documentación que requiriesen. De las pruebas conseguidas, el fiscal obtuvo seguridades para avanzar hacia imputaciones y no descartó que resolvieran ordenar detenciones.

Como corolario de esta situación, el Gobierno dispuso separar de su cargo a los principales involucrados en la causa: el secretario General de la Gobernación, Horacio Rey, y Roberto Lugo, subsecretario de Comercio y Servicios.

Desde la oposición, reclamaron con urgencia precisiones sobre las responsabilidades sobre el tema y exigieron que los principales referentes de la administración provincial comparecieran a la Legislatura para ser interpelados.

Desarrollo Social

Los requerimientos judiciales incluyeron que la delegación de Inteligencia Naval de la Prefectura Argentina y con la asistencia de personal de la AFIP realizara los pedidos concretos de información en la Dirección de Administración y la Secretaría General del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia con oficinas en avenida 25 de Mayo y calle 1 de esta ciudad.

Se supo que en el lugar, los agentes solicitaron detalles de los expedientes y pagos sobre operaciones desde el año 2015 hasta la fecha abarcando una lista de proveedores bajo sospecha y ordenando el secuestro de toda esa documentación.