El Ministerio Público Fiscal de la provincia del Chaco hizo saber las aciiones que viene desarrollando, en el marco de la investigación a exfuncionarios públicos (expediente 6309/2018-I),

El Equipo Fiscal Especial (EFE) solicitó informes a: Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Tribunal de Cuentas de la Provincia, Fiscalía Federal, Colegio de Escribanos del Chaco, Dirección Unidad de Recursos Humanos del Gobierno, Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, Secretaría General de Gobierno, Dirección General de Recursos Humanos Jurisdicción II, Fiduciaria del Norte, Secretaría de Comunicación y Medios, entre otros, y se recibieron declaraciones testimoniales; además de ordenarse pericial informática sobre los teléfonos secuestrados.

En ese contexto, fueron numerosas las acciones desplegadas desde el 13 de marzo por los fiscales Graciela Griffith Barreto, Nélida Villalba y Lucio Otero tendientes a la recolección de pruebas por la posible comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por parte de Horacio Rey, Roberto Lugo, Susana Fernández e Ismael Fernández.

Evolución de lo actuado
La noticia criminis fue recibida el 13 de marzo mediante el oficio 289/18 remitido, en sobre sellado, por el fiscal federal Patricio Sabadini. El funcionario alertó allí sobre la presunta infracción a las leyes 27.769 y 26.683, dando lugar al fuero ordinario para que investigue los denominados “delitos precedentes� que son de competencia provincial.

Ante el cúmulo de evidencia, el 15 de este mes los fiscales dispusieron la aprehensión de las cuatro personas investigadas. Un día más tarde Rey y Susana Fernández designaron como abogados defensores a los doctores Fabián Sergio Melgarejo y Nelson Ramón Pessoa; en tanto que Lugo hizo lo propio con el doctor Juan Antonio Piñero y sumó como codefensor al doctor Juan Santiago Piñero (el día 19). Por su parte Ismael Fernández nombró a cargo de su defensa al doctor Fernando Campias.

El lunes 19 el EFE tomó declaración a tres de los imputados y difirió para el día siguiente la exposición de Lugo, debido a que éste solicito que le exhibieran toda la prueba incorporada en la causa. La decisión de postergar la declaración de éste último tuvo como fin garantizar su ejercicio de defensa y dada lo avanzada de la hora.

Los defensores de los cuatro imputado solicitaron la libertad de sus defendidos. Este pedido está pendiente de consideración en el momento que sea oportuno, puesto que restan producirse pruebas y aún no venció el plazo de 10 días hábiles (artículo 334 del Código Procesal Penal) que se cuenta desde la declaración de imputado para dictar la prisión preventiva.

También está pendiente de resolución la solicitud de prisión domiciliaria para Susana Fernández. El EFE aguarda que su defensora presente la historia clínica requerida, a raíz del informe elaborado por su médica personal en la que detalla su actual estado de salud.