El tablero judicial y por ende el institucional está conmovido. Fundamentalmente, porque comienza a abrirse una brecha entre los tiempos procesales y los tiempos políticos e institucionales en función a que, en una causa de tan alto impacto que tiene en vilo a los chaqueños, los tiempos de la gente, marcados por la exposición mediática, son otros.

En este marco la ciudadanía espera respuestas a los interrogantes abiertos en tiempo real, lo cual no se condice con la pesada burocracia judicial en la que además interviene como elemento de primer orden la necesidad de respetar plazos, procedimientos y garantías propias del debido proceso y del derecho de defensa que tienen los imputados.
Aún así el común de la gente no entiende y espera decisiones que nunca serán tan rápidas como creen.

En este contexto la decisión del fiscal federal de las últimas horas tiene algunos aspectos que deben precisarse, tales como
1) Ordena la detención de personas, algunas ya detenidas y otras no por la Justicia provincial.
2) Pide a la Justicia provincial que decline la competencia en orden argumentos que no son fáciles de refutar a la luz de los precedentes jurisprudenciales y doctrinarios.
3) Avanza sobre el ministro de Economía de la Provincia no sólo con el allanamiento desarrollado, sino además con el pedido de que se lo llame a declaración indagatoria, algo que pone a la jueza en el difícil trance de resolver una medida que tendrá alto impacto, fundamentalmente porque nunca un magistrado avanza con la indagatoria si no tiene la convicción plena de que, dentro de los exiguos plazos procesales, dispondrá su procesamiento.

Podría decirse que el fiscal Sabaidini redobló la apuesta. Marcó la cancha a la Justicia provincial en la que hay opiniones fuertemente dividas, incluso en el Superior y en el propio cuerpo de fiscales respecto a la conveniencia política de generar un conflicto de competencia que haga necesaria la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dirimirlo.

Los que piensan que es momento de levantar el caballo destacan que un conflicto que llegue al más Alto Tribunal terminaría nacionalizando un hecho en el cual todos pierden, incluso la propia Justicia en la medida en que estas cuestiones se sabe cómo comienzan pero no cómo terminan.
Además de ello y considerando los plazos para una decisión de la Corte, que no llevará menos de seis meses, parece claro que la nebulosa que habrá en las zonas grises de la actuación de ambas jurisdicciones será un elemento que contribuya a complicar aún más el escenario.

La decisión de ordenar la detención de personas ya detenidas no es un hecho menor, lo cual habla de la ingenuidad del Ministerio Público Fiscal que quiere evitar que en el curso de la investigación los imputados puedan ser liberados por la Justicia local. Si ello ocurriera la misma debe ponerlos a disposición de la Justicia Federal sin habilitar su libertad.

Por lo demás está claro que el fiscal parece decidido a retomar la iniciativa que perdió cuando irrumpió el cuerpo de fiscales provinciales y la jueza local habilitó las detenciones.
Las expresiones del ministro, hoy presidente del Superior Tribunal, parecieron ser una respuesta, aunque desde el propio Tribunal se bajó el tono a la posición deslizándose que era la opinión de uno de los cinco ministros en un cuerpo colegiado.

Entre los fiscales hay también algo más que dudas.

En este marco el Gobierno tiene crédito público. Las imputaciones, graves por sí, no han hecho daño en términos de imagen a la luz de encuestas ordenadas por el gobierno nacional que sigue muy de cerca el caso chaqueño.

En gran medida la evolución de la incipiente crisis en mucho dependerá del acierto de las decisiones del primer mandatario de acá en más. El prolongado feriado de Semana Santa posibilita un análisis sereno que permita retomar la iniciativa política.

Lo que está claro es que Horacio Rey le ha hecho mucho daño al Gobierno, al justicialismo y al sistema político en su conjunto. Por lo demás, y desde bastante tiempo atrás a que los hechos se desencadenen de manera progresiva, era un secreto a voces las desprolijidades del llamado Fariña chaqueño. Por momentos pareció «salirse» del área chica del poder, jaqueado por múltiples frentes abiertos. Es más, el Gobierno le había perdido confianza. Los que llevan adelante la investigación aseguran que el funcionario habría llegado incluso a regentear y apadrinar a un medio gráfico (Primera Línea) que fue beneficiario de generosas sumas de la fiduciaria en la cual Rey tenía el control absoluto.

De las investigaciones se desprende que el funcionario infiel al propio gobernador había llegado a privilegiar la proyección de su propia imagen por sobre la del primer mandatario, todo a costa de los dineros públicos y sin cuidar al menos las formas.
Otro tema a tener en cuenta es el rol que en este episodio y su desenlace pudo haber tenido la diputada García Amud, quien quedó fuertemente salpicada por el escándalo generado en los carnavales de la vecina orilla.

La legisladora había sido, hasta diciembre pasado, encumbrada funcionaria gubernamental en un área estratégica que le permitió manejar información privilegiada.
Ella y el jefe de Policía son hoy dos puntos de referencia de la política provincial en el desarrollo de las investigaciones en curso, precisamente porque la información tiene un valor de oportunidad que nadie desconoce.