Una trayectoria se reconoce cuando responde a parámetros de calidad, cuando es seria, no cuando se pierde bajo la apariencia de calidad, resultando un engañabobos.

Aída Ayala, diputada nacional, será detenida, porque el brazo ejecutor oficial infiere que habría una serie de delitos derivados de una renegociación de contratos. Pero, atención, no hubo renegociación de contratos, ni transacción, ni quitas. Simplemente no existe ese hecho jurídico.

Lamentable es que la ignorancia de un funcionario tenga fenómeno de arrastre y desate una crisis institucional.

Que se viene?, lo imperativo, apartar al fiscal pues no puede conservar su cargo, dado el extravío de su buena conducta, la negligencia grave y desconocimiento inexcusable del derecho.

La verdadera independencia del Poder Judicial es la afectada con la intromisión política en sus decisiones cuando pueden condicionar a sus miembros, lo que es palmario en el caso de Ayala, donde la ficticia construcción de los antecedentes basa en un hecho inexistente y en un deslucido intento de vincular personas, con conceptos equívocos, confundiendo términos jurídicos como lavado, blanqueo, licitación, concesión, hecho irregular, y una jugosa maniobra puesta en escena.

Es hora de ponerle el cascabel al gato. La investigación y el requerimiento consecuente, a poco que se lo lea, resulta absolutamente malicioso, artero y armado artificialmente.

La juez pudo haber sido sometida a engaño también. El investigador debió hacer respetar la Constitución, no dejarse aplastar por ella, rozado el mal desempeño por el desconocimiento inexcusable del derecho, causal de remoción.

Podrá argumentarse que el investigador jamás conoció la calle, desconoce lo que es un contrato, no tiene idea de una licitación, ignora lo que es una concesión, no administró nunca nada

La ignorancia se define como falta de ciencia, que implica dos posibles carencias: deficiencia de estudio (falta de ciencia), o de conocimiento de sucesos (falta de información), pero el desconocimiento de la ley a nadie excusa, porque rige la necesaria presunción o ficción de que, promulgada aquella, han de saberla todos.

Una canallada constitucional ilegal, que no se entiende, pero que a la postre deberá ser reparada.

¿Cómo decirles a los argentinos que tengan confianza en sus instituciones, que la corrupción puede ser erradicada y que el país va por buen camino si se siguen encontrando ejemplos perversos en los puestos más altos del poder?
Los argumentos insostenibles que llevaron al escandaloso requerimiento son contundentes e indignantes por su ignorancia supina. Y debe terminar.



(*) Diputada provincial (UCR)