El pedido de juicio político a Carlos Olivera (tesorero General) y a Darío Molinari (subcontador General a cargo de la Contaduría) ingresó este miércoles a la Sala Acusadora sobre quien recae la decisión de poner en funcionamiento el proceso. En la denuncia, que realiza Luis Gerardo González, se les atribuye mal desempeño, incumplimiento a los deberes en sus cargos y abuso de autoridad. En el caso de Molinari, por inacción.

La Sala Acusadora tendrá a su cargo la definición sobre la denuncia y el pedido de juicio político que pesa sobre el Tesorero General de la Provincia y el subcontador General a cargo de Contaduría.

Este miércoles el diputado Ricardo Sánchez ingresó el expediente 388 con la denuncia que realiza Luis Gerardo González contra ambos funcionarios. En el caso de Olivera por hechos ocurridos en 2014 y en el de Molinari por inacción ante los mismos. Los acusa de mal desempeño, incumplimiento a los deberes en sus cargos y abuso de autoridad.

El denunciante sostiene que “�se apartaron de los mandatos constitucionales, y legales en detrimento de las instituciones gubernamentales al utilizar en la Tesorería un sistema privado de banca electrónica online, que permite efectuar pagos y transferencias desde la plataforma web a sus diferentes usuarios (interbanking), por fuera del sistema Safyc, sin control por parte de la Contaduría general�.

Se sostiene de publicaciones periodísticas que datan de la fecha y que derivaron en un sumario administrativo en la Asesoría General de Gobierno que derivaron en conclusiones que cuestionaron el uso de esa plataforma, “que en un corto periodo de seis meses movió más de $1.700 millones de pesos sin intervención de la Contaduría General, que es el órgano de control interno del Sector Público�, reseñó y añadió que esa cifra fue elevada a $4000 millones por el Tribunal de Cuentas, “luego de analizar la documentación aportada�.

Más adelante, reseña que en enero de 2015 la Contaduría General informa que no tenía acceso al sistema de transferencia electrónica de fondos interbanking, por lo que señala que Molinari no podía desconocer que esto ocurría.

Destaca la actuación del Tribunal de Cuentas en cuanto a la resolución 279/15 que derivó del análisis del ejercicio 2014 y por el que decidió iniciar un juicio de cuenta contra el tesorero General. También lo hará en 2016 a través de la Resolución 278 y atribuye, en ese entonces, responsabilidad también en la directora de Coordinación de Proyectos y sistemas de la Tesorería general, María del Carmen Fernández.

El denunciante entonces concluye en que puede concluir en que “Olivera, a través del sistema interbanking, organizó un circuito paralelo al Safyc, para transferir fondos y efectuar pagos, que no contaron con la obligatoria intervención de la Contaduría General del Chaco�, según la Constitución y la Ley 711-F. Y que la Contaduría General “tenía conocimiento de su funcionamiento�.

Párrafos posteriores, sostiene el denunciante, Luis Gerardo González, que “lo cierto y concreto es que se produjeron hechos irregulares y posibles delitos en el manejo de los fondos públicos que fueron investigados en un sumario administrativo iniciado en 2014�. Que, “a fin de deslindar responsabilidades, se inició la causa judicial por el supuesto delito de fraude en perjuicio de la administración pública provincial, que recayó en la Fiscalía de Investigación Penal N|4 de Resistencia, a propósito de numerosas transferencias realizadas con el sistema interbanking a titulares de cuentas que se supone que no tenían vinculaciones con el Estado�.

En el escrito ingresado a la Cámara de Diputados el lunes, y a la Sala Acusadora este miércoles, el denunciante pone a disposición los informes y dictámenes de Contaduría general. Además de sugerencias para que el Parlamento solicite información precisa a diversas instituciones y organismo como el Nuevo Banco del Chaco, el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General.


Fuente: Chaco día por día