El Gobierno ya tendría listo un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 15 años, y podría enviarlo al Congreso en febrero, durante el período de sesiones extraordinarias.

De esta manera, según publicó un matutino porteño, el Poder Ejecutivo aceptaría un texto más moderado que el que proponía el ala más dura, que sostenía que la edad de imputabilidad debía fijarse en los 14 años de edad, en lugar de los 16 que rige en la legislación vigente.

El proyecto contempla, además, que la pena de prisión máxima para adolescentes mayores a 15 y menores de 18 sea de 15 años.

Así, la decisión del Gobierno para reimpulsar un proyecto que se encuentra en gateras desde el 2017 se debió a la repercusión neutra que tuvo en la opinión pública la iniciativa de la Ciudad de Buenos Aires de incorporar pistolas taser en aeropuertos y trenes.

El proyecto del nuevo régimen penal juvenil ya había sido anunciado en 2017 por el ministro de Justicia, Germán Garavano, e incluso ya había avanzado en la construcción de consensos con sectores de la oposición -como por ejemplo con el jefe de la bancada justicialista en el Senado, Miguel Pichetto- pero la coyuntura electoral obligó a postergar el debate.

De acuerdo a las mismas versiones, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien pretendía que la edad de imputabilidad sea fijada en los 14 años, le dio el visto bueno a Garavano para fijarla en 15 años.

La moderación del proyecto facilitaría los acuerdos con sectores de la oposición, y permitiría reemplazar lo previsto por la ley 22.278 sancionada en plena dictadura militar.

La iniciativa contemplaría un criterio de escalas por edad: A los 15 años, los adolescentes serán imputables únicamente por por delitos considerados graves, como homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robos con armas de fuego.

Entre los 16 y los 18 años, serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión sea igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima, igual o mayor a diez años.

En el caso de los menores de 15 años (inimputables) que cometan delitos reprimidos con penas de hasta 10 por el Código Penal, el proyecto contempla un programa de asistencia a través de la intervención de equipos multidisciplinarios (integrados por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales) para acompañar a los niños y evitar que desarrollen una carrera delictiva.

A través de su cuenta en Twitter, el diputado nacional de la UCR-Cambiemos Luis Petri celebró la decisión del Gobierno de bajar a 15 la edad de imputabilidad.

"La edad de imputabilidad debe fijarse desde el momento en que la persona tiene capacidad para comprender la criminalidad del hecho que comete, de lo contrario olvidamos a las victimas y su necesidad de tener Justicia", consideró el mendocino.