Para la OA, Cristina Fernández es coautora de administración infiel agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, reiterada en 49 oportunidades, dado que participó en esa cantidad de contratos irregulares de obra pública vial en

La Oficina Anticorrupción pidió la elevación a juicio de otro tramo de la causa “Obra Pública”

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11/04/2019 | 06:14

La Oficina Anticorrupción (OA) solicitó la elevación a juicio oral del segundo tramo de la causa conocida como “Obra Pública”. Se investigó la “planificación y ejecución de una serie de actos concatenados concebidos para beneficiar a Lázaro Antonio Báez con la adjudicación irregular y sistemática de contratos de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, los que como contrapartida perjudicaron los intereses económicos del Estado Nacional”.

El juez ya decretó la elevación a juicio de Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y Lázaro Báez, entre otros. Ahora, la Oficina pide que también se eleve a Carlos Joaquín Alonso, quien cumplió funciones en el cargo de Subadministrador General de Vialidad Nacional, Sergio Hernán Passacantando, ex gerente de administración de la Dirección Nacional de Vialidad; Sandro Férgola, ex gerente de Obras y Servicios Viales; Jorge Eduardo Gregorutti; otro ex gerente de Obras y Servicios Viales; Gustavo Marcelo Gentili, ex gerente de la Gerencia de Planeamiento, Investigación y Control; Fernando Norberto Abrate, también ex gerente de la Gerencia de Planeamiento, Investigación y Control. También pidió la elevación respecto de imputados del sector privado, como -por ejemplo- Martín Báez.

En su escrito, la OA recordó que la maniobra comenzó con “la formal conversión de Lázaro Antonio Báez, quien se desempeñaba como empleado del Banco de Santa Cruz -con categoría impositiva de monotributista-, en empresario de la construcción, de modo tal de poder ser adjudicatario de las contrataciones de infraestructura del Estado”.

En noviembre de 2017 la OA había presentado el requerimiento de elevación a juicio del primer tramo. En ese momento, la Oficina Anticorrupción resaltó que la ex presidenta de la Nación “continuó con las acciones de su antecesor, Néstor Carlos Kirchner, de dotar a la Dirección Nacional de Vialidad de elevados recursos económicos que luego, en gran medida, serían canalizados a través de la agencia vial de la provincia de Santa Cruz para beneficiar irregularmente a las empresas del grupo Báez con fondos del organismo nacional”. Además, la OA señaló que “Fernández mantuvo la estructura institucional que había montado Kirchner con distintas personas de su confianza, que fueron ubicadas en cargos estratégicos con injerencia directa en el manejo de la obra pública vial”. De esta forma, el escrito planteó que la ex mandataria “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo su responsabilidad”.

Para la OA, Cristina Fernández es coautora de administración infiel agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, reiterada en 49 oportunidades, dado que participó en esa cantidad de contratos irregulares de obra pública vial en Santa Cruz. En total, las adjudicaciones cuestionadas fueron 51, totalizando un monto cercano a los 46 mil millones de pesos.

Asimismo, la OA señaló que “como segundo paso para efectivizar el plan delictivo, el ex presidente Kirchner montó una estructura institucional con distintas personas de su confianza”, mientras que tras asumir la Presidencia de la Nación en 2007 Fernández “mantuvo esa estructura clave de poder”. En esta línea, en el requerimiento de elevación a juicio se aseveró que “como tercer paso para consumar la maniobra disvaliosa, se dotó a la Dirección Nacional de Vialidad de mayor cantidad de fondos que en otros ejercicios, y luego se delegaron las principales etapas de adjudicación de las obras a la Administración General de Vialidad Provincial”. Y agregó: “Los procesos licitatorios de las obras se caracterizaron por la presencia de múltiples irregularidades que, en definitiva, no hacen más que demostrar que el propósito final de todo este proceso era favorecer a las empresas de Báez”.

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