El requerimiento destacó la gravedad de la acusación que recae sobre la ex presidenta Cristina Kirchner, señalada como "jefa de la asociación ilícita" que durante 12 años recaudó fondos ilegales que aportaban contratistas y concesionarios del Estado.

Para la OA, la corrupción en la obra pública gestada entre los años 2003 al 2015 fue organizada en los más altos cargos del Poder Ejecutivo Nacional. Dicho sistema fue organizado y dirigido por Néstor Kirchner y, tras su fallecimiento, continuado por Cristina Fernández de Kirchner.

En el escrito presentado, la OA sostuvo que los máximos responsables del Gobierno nacional "forjaron un acuerdo de voluntades direccionado a crear y mantener la asociación ilícita en el tiempo; valiéndose de los organizadores Julio Miguel De Vido, Roberto Baratta, José Francisco López, Carlos Guillermo Enrique Wagner, Ernesto Clarens y de sus demás componentes funcionales, que resultaron ser Nelson Javier Lazarte, Rafael Enrique Llorens, José María Olazagasti, Claudio Uberti, Oscar Bernardo Centeno, Gerardo Luis Ferreyra, Germán Ariel Nivello, Oscar Alfredo Thomas, Rudy Fernando Ulloa Igor, Víctor Fabián Gutiérrez y Julio Daniel �lvarez".

Además, la Oficina remarcó que todos ellos, desde sus roles asignados, implementaron un "mecanismo de recaudación y recolección de dinero que se sabía corrupto, proveniente de sobornos pagados por personas vinculadas a empresas que pretendieron beneficiarse -o bien, se beneficiaron- a partir de la adjudicación o mantenimiento de contratos de obras públicas, concesiones viales, provisión de energía y subsidios, entre otras contrataciones con el Estado Nacional".

"El sistema mentado funcionaba del siguiente modo: de acuerdo al tipo de contrato a adjudicar -o mantener- por parte el Estado Nacional, la organización fijaba un canon o monto de retribución. A partir de allí, coordinaban con los empresarios la fecha y el lugar de pago�, explicó la Oficina, que además agregó: “La organización tuvo como finalidad implementar un sistema de recaudación de dinero ilegal, de manera tal que les permitiera enriquecerse y utilizar, parte de esos fondos, para la comisión de otros planes delictuales".

En consecuencia, para la Oficina Anticorrupción, Cristina Fernández de Kirchner deberá responder por el delito de asociación ilícita, en carácter de jefa, en concurso real con el delito de cohecho pasivo, reiterado en veintidós oportunidades; Julio Miguel De Vido deberá responder por el delito de organizador de asociación ilícita, en concurso real con el delito de cohecho pasivo, reiterado en tres oportunidades y Roberto Baratta deberá responder por el delito de asociación ilícita, en carácter de organizador, en concurso real con el delito de cohecho pasivo, en carácter de coautor, reiterado en cien oportunidades.