La reducción del déficit fiscal hace creer a algunos que se tomó la senda correcta y a otros que se dan las condiciones para aumentar el gasto público. La realidad es que la caída en el déficit fiscal es por factores transitorios. Sigue pendiente un ordenamiento integral del Estado.

En los primeros 4 meses del 2021 se observó una marcada reducción del déficit fiscal respecto al año pasado. Concretamente, el déficit fiscal primario (antes del pago de intereses de deuda) pasó de $385 mil millones el año pasado, a $80 mil millones este año. Esto genera controversias, incluso dentro del interior del gobierno. Algunos destacan como positivo este desempeño fiscal. Otros lo consideran inoportuno en un momento tan crítico como el que transita el país.

Ambos diagnósticos pasan por alto que la reducción del déficit fiscal se explica por la aceleración inflacionaria. No es la primera vez que cuando aumenta la inflación el déficit fiscal baja transitoriamente. La razón es que mientras los ingresos siguen de cerca el ritmo de la inflación, los gastos lo hacen con rezago. En el caso actual, los ingresos del Estado nacional crecieron a razón del 64%, mientras que el gasto público creció 33%.

A esto se suman otros factores que también son transitorios. Para detectarlos sirve apelar a información publicada por el Ministerio de Economía. Según esta fuente, en los 4 primeros meses de este año respecto al anterior, se observa que:

El aumento de la recaudación en los derechos de exportación fue de $186 mil millones.
El rezago del gasto previsional respecto de la inflación es equivalente a $120 mil millones.
Esto implica que sin aumento de los derechos de exportación y el rezago en el gasto previsional el déficit fiscal primario hubiera sido de $386 mil millones.

Estos datos muestran que, de no mediar el extraordinario aumento del precio de la soja y el retraso en el gasto previsional, el déficit fiscal hubiera sido similar al del año pasado. Ambos factores son transitorios. El precio de la soja porque está en un nivel históricamente alto y la experiencia indica que en algún momento bajará. El gasto previsional porque, por la regla de movilidad, se actualiza con retraso (las jubilaciones aumentaron sólo un 29%, pero en junio aumentarán un 37% y aumentarán más en el resto del año). Además, la ANSES está otorgando sólo la mitad de las altas que otorgaba hasta la llegada de la pandemia por fallas administrativas. En otras palabras, la situación fiscal sigue siendo muy endeble.

Se está en presencia de un típico ajuste fiscal por aceleración inflacionaria. Potenciado por situaciones extraordinarias como el precio de la soja y las demoras de ANSES para otorgar nuevas jubilaciones. No tiene sustento sólido porque depende de que la inflación siga creciendo y no se reviertan los factores extraordinarios. Tampoco da margen para aumentar gastos o bajar impuestos como medida paliativa frente a los devastadores efectos de la pandemia. Como no hay forma de financiar más déficit con más deuda, el mayor desequilibrio obligará a mayor emisión inflacionaria. Esto no va a generar alivios sino más ajuste fiscal por aceleración de la inflación, con más empobrecimiento.

El camino sigue siendo el ordenamiento integral del Estado. No se trata de ajustar o desajustar sino impulsar un profundo rediseño que lleve a aumentar la solvencia y la capacidad de gestión. Que el Estado devuelva con más y mejores bienes públicos el esfuerzo que hace la sociedad al pagar sus impuestos. Por ejemplo, la alternativa de que se le reconozca a las mujeres años de servicios jubilatorios por cada hijo debería ser el disparador de transformaciones más integrales que incluyan la igualación de la edad de retiro, el perfeccionamiento de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el cierre definitivo de las moratorias previsionales y la revisión de las pensiones por cónyuge.

La reducción del desequilibrio fiscal en el primer cuatrimestre no justifica el optimismo de las visiones ortodoxas porque se basa en factores transitorios. Tampoco para el planteo de los heterodoxos que lo ve como una oportunidad para aumentar el gasto público porque esto llevará a mas emisión y, por lo tanto, más ajuste inflacionario. Mucho más conducente es abordar un ordenamiento integral del Estado que sirva de plataforma para desplegar una estrategia sustentable de desarrollo social.