Frente a un panorama económico que no repunta a la velocidad que la sociedad reclama y el Gobierno quisiera, desde la Casa Rosada apuestan a pulir las estrategias de ayuda social, y a la vez reducir la intermediación de las organizaciones sociales con la que el diálogo está atravesado por cortocircuitos políticos.

En el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación son conscientes de la importancia de aumentar la presencia en el territorio. "No se trata solo de plata, sino de acompañamiento. Es difícil entender lo que vive la gente si no bajás las defensas, dejas a un lado los prejuicios y escuchas al otro. Hay que ir, mirarlos a los ojos y compartir un rato. No posar solo para la foto", sostiene un funcionario que camina las zonas más afectadas del conurbano. Como Quilmes o La Matanza.

Es justamente esta llegada a los sectores sociales más alejados del origen del macrismo, lo que genera que el nombre de la ministra Carolina Stanley haya empezado a circular para acompañar a Mauricio Macri como posible candidata a vicepresidenta en 2019 , si finalmente el oficialismo decide no repetir la fórmula que le dio el triunfo en 2015.

En su entorno aseguran que no hubo ninguna conversación en ese sentido, y que está "muy comprometida" con su trabajo social desde el Ministerio. Al menos hasta ahora.

La relación del Gobierno con las organizaciones sociales se tensó en los últimos meses. En la Casa Rosada aseguran que están cumpliendo con la Ley de Emergencia Social aprobada a fines del 2016 para alentar proyectos productivos impulsados por las organizaciones. Según las cifras que manejan, los fondos asignados en 2017 y los previstos hasta la mitad de este año, alcanzan los 18.000 millones de pesos. "Más del 50% de los 30.000 millones previstos para finales del 2019", afirman.

Los 1.800 proyectos productivos alcanzados por la ley, involucran a 150.000 personas que cobran el salario social complementario de 4.750 pesos. Es el equivalente a la mitad del salario mínimo vital y móvil, y atado a su movilidad. La Ley de Emergencia Social también prevé que ningún beneficiario de un plan social nacional cobre menos de esa cifra por mes, un monto que sin embargo no cubre la canasta de indigencia, que en su última medición de enero, el INDEC fijó en $ 6.790

Desde los movimientos sociales, reconocen que la partida de 10.000 millones de pesos para 2017 se cumplió "con idas y vueltas". Sin embargo, advierten que si bien se siguen pagando los salarios complementarios de las personas que ingresaron el año pasado, no se incorporaron beneficiarios en lo que va del 2018.

"Es parte de la discusión pendiente que tenemos con la ministra (Carolina) Stanley. Hasta ahora, durante 2018, no hubo mesa de diálogo social. Solo encuentros informales", señala Gildo Onorato, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que agrupa a 40 organizaciones sociales, y es una de las impulsoras de la Ley de Emergencia Social.

Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, coincide en que "aún no hubo ninguna convocatoria, ni el Gobierno muestra voluntad de discutir la implementación de los fondos previstos en la ley para 2018".

En Desarrollo Social sostienen que "todavía no se habló de nuevos cupos, ya que hay que ver cuánto queda disponible de los 10.000 millones de pesos previstos para este año, descontando el pago de los salarios sociales complementarios y el giro de dinero para los proyectos productivos".

Adiós a los programas K

A los fondos previstos en la Ley de Emergencia Social, se suman los 17.000 millones de pesos del flamante "Hacemos Futuro" lanzado en febrero. Este programa absorbió tres planes emblemáticos de la gestión anterior: "Argentina Trabaja", "Ellas Hacen" y "Desde el Barrio". Más allá de su impronta kirchnerista, en el macrismo los cuestionan por haber sido "demasiado clientelares". En total, hoy suman 262.000 beneficiarios.