La diputada provincial del Frente Chaco Merece Más, Claudia Panzardi y el vicegobernador, Mateo Daniel Capitanich, deberán declarar a fin de este mes en calidad de imputados ante el juez federal, Claudio Bonadío. Es en el marco de la causa que investiga el presunto desvío de fondos que tenían como destino la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Hay más de 30 intendentes y ex intendentes chaqueños que deberán declarar ante Bonadío.

En el marco de la causa en la cual se investiga el presunto desvío de fondos nacionales que recibieron municipios de todos el país para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, la diputada provincial del Frente Chaco Merece Más, Claudia Panzardi, y el vicegobernador de la provincia, Mateo Daniel Capitanich, serán los primeros ex intendentes chaqueños que deberán declarar en calidad de imputados ante el juez Federal, Claudio Bonadío.

Panzardi, ex intendenta de Laguna Blanca, deberá prestar declaración el 28 de agosto. En tanto que Capitanich, ex intendente de Campo Largo, lo hará el día siguiente. Ambos deberán explicar el destino que le dieron a los fondos que recibieron por parte del gobierno nacional en el marco del programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

Pero ellos no son los únicos. Son 21 intendentes y 10 ex intendentes que deberán dar detalles al Juez Bonadío respecto de qué hicieron con el dinero destinado al tratamiento de residuos en sus respectivas localidades.

Según publicó la revista La Tecla, los chaqueños citados para el mes de septiembre son Gustavo Karasiuk, intendente de Pampa del Indio (deberá concurrir el 11 de septiembre); �ngel González, de Capitán Solari (el 12/9); Francisco Winnik, de La Escondida (13/09); Alfredo Pastor, ex intendente de Coronel Du Graty (14/09); Gustavo Steven, ex intendente de Santa Sylvina (17/09); Carlos Andión, de Pampa del Infierno (18/09); el diputado Hugo Sager, ex intendente de Puerto Tirol (19/09); Walter Correa, de Fuerte Esperanza (20/09); Alicia Leiva, de Colonias Unidas (21/09); Eladio Aguirre, de Charadai (24/09); Patricia Lezcano, de Samuhú (25/09); Jorge Batalla, de Presidencia Roca (26/09); Aldo Leiva, de General San Martín (27/09); y Susana Simonfski, ex intendente de Villa �ngela (28/09).

Las indagatorias seguirán en octubre con el intendente de Sáenz Peña, Gerardo Cipolini (1/10); Jorge Rodríguez, de General Vedia (2/10); Oscar Nievas, de Castelli (3/10); José Carbajal, de La Leonesa (4/10); Carlos Palacios, ex intendente de Tres Isletas (5/10); Pedro Bodnarczuk, de Chorotis (8/10); Lorenzo Heffner, de Villa Río Bermejito (9/10); el diputado Héctor Vega, ex intendente de Machagai (11/10); Carlos Ibañez, de Taco Pozo (12/10); Pedro Maidana, de Colonia Elisa (16/10); Antonio Rodas, de Fontana (22/10); Carina Mitoire, de La Eduvigis (23/10); Diógenes Requena, de Hermoso Campo (24/10); Belkys �valos, ex intendente de Puerto Eva Perón (25/10), y Alfredo Zamora, ex intendente de Quitilipi (26/10).

Cabe recordar que en el marco de la causa medioambiental que investiga el destino de 600 millones de pesos, de los que se beneficiaron más de 190 municipios entre 2013 y 2015, el Juez Federal, Claudio Bonadío, ya comenzó a tomar declaración indagatoria a parte de los jefes comunales, para saber si el dinero fue a parar a las obras que se planificaron.

La lista llega a los cien ex y actuales jefes y jefas comunales provenientes de las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones y Chaco.

Cabe recordar que el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos demandó $604.529.670 y se cree que es la suma de la defraudación. Para el Juez Bonadío, hubo una “transferencia irregular de sumas de dinero de las arcas del Tesoro a municipios� para lo que denominó “supuestos proyectos� de remediación ambiental.

En la citación a indagatoria, se señaló a los intendentes como presuntos “partícipes de las maniobras� investigadas y se señaló que gran parte de los municipios “no cumplieron con lo acordado� en la aplicación de fondos.

Los fondos correspondientes se giraban desde la Nación hacia los municipios. Los convenios eran aprobados por el Jefe de Gabinete para finalmente, transferirse el dinero al municipio requirente. Por esta causa, también fueron procesados en calidad de exjefes de Gabinete, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández. En tanto que se dictó la falta de mérito de Juan Manuel Abal Medina.