Este fue el caso dispuesto por la jueza de paz y faltas de Colonia Benítez, María Julieta Ross. Se trata de un operativo encabezado por agentes de policía que permitió el pago de la cuota de alimentos entre progenitores de distintas ciudades, ninguno de los cuales está bancarizado.
Ross explicó que habitualmente reciben “mediante acta en el juzgado dinero en concepto de alimentos y luego la otra parte lo retira, pues no poseen bancarización y los montos no lo justifican normalmente. Así esa solución no es motivo de conflicto entre ellos”.
Sin embargo, como el juzgado no atiende al público, optó por utilizar al personal policial presente en el acceso a la localidad y citó a los padres hasta allí. A través de los agentes que supervisaron la entrega de dinero y el intercambio del menor en cuestión, ya que ambos padres podían llegar en motovehículos. Los policías oficiaron de veedores y permanecieron “comunicados entre policía y juzgado vía WhatsApp y con uno de los progenitores, por la ventana del juzgado, a distancia prudencial”.
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