Los programas nacionales de educación hacen un aporte marginal de fondos, pero contribuyen decisivamente a los malos resultados.

Nación financia sólo el 7% de la inversión en educación básica

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29/08/2022 | 10:57

Que la Nación se entrometa en funciones provinciales burocratiza la gestión y diluye responsabilidades. La Nación debería concentrarse en medir resultados para que se priorice la calidad educativa.

Entre los programas que ejecuta el Ministerio de Educación de la Nación hay uno a través del cual se organizan viajes escolares para escuelas primarias. En uno de los viajes realizados el pasado mes de julio, la directora de una escuela de un barrio vulnerable de la Ciudad de Córdoba trató de suspenderlo ante las evidencias de severas deficiencias en el transporte, falta de comida y de agua caliente para asearse. Pero la maraña burocrática hizo que el planteo no llegue a tiempo a los responsables del programa en el Ministerio de Educación de la Nación. Lo más grave se explicitó después de terminado el viaje cuando una niña de 6° grado denunció haber sido abusada durante el mismo.

Este hecho puntual tiene relación con uno más general que está siendo motivo de polémicas. Como parte de la estrategia para enfrentar el descalabro fiscal, el gobierno nacional dispuso reducir los programas nacionales destinados a apoyar servicios a cargo de las provincias, dentro de ellos los destinados a la educación básica. Si bien la disminución en estos programas no tuvo gran incidencia, lo cierto es que fue uno de los factores que explican la reducción del déficit fiscal en julio. Las críticas se intensificaron cuando se anunció que la medida se sostendrá en lo que resta del año.

La pregunta que se impone es dilucidar cuál es la contribución que la Nación hace en favor de la educación básica. En términos de recursos invertidos, según datos del Ministerio de Economía para el 2021 se observa que:

El gasto público total en educación básica asciende a 4,0% del PBI.
Las provincias financian con sus recursos 3,7% del PBI.
Los programas nacionales representan apenas el restante 0,3% del PBI.

Estos datos muestran que la Nación aporta apenas el 7% de la inversión que el Estado hace en educación básica. El otro 93% lo aportan las provincias con sus propios recursos porque son ellas las que tienen la responsabilidad de administrar las escuelas. Es claro que la contribución cuantitativa que los programas nacionales hacen a la educación pública es marginal. Por lo tanto, la educación no depende de los programas nacionales.

Pero desde el punto de vista cualitativo la intromisión de la Nación en funciones y responsabilidades provinciales tiene impactos muy negativos. Que desde un nivel centralizado se organicen viajes de estudio, se construyan jardines infantiles o se repartan computadoras sirve para justificar el agrandamiento de la burocracia, pero no ayuda a mejorar la calidad de la educación. Por el contrario, distrae esfuerzos y, lo más importante, diluye responsabilidades. El solapamiento y confusión de roles contribuye a que ante el fracaso del sistema educativo prevalezcan las excusas, en lugar de la autocrítica.

La Constitución Nacional es clara en su artículo 5° cuando establece que cada provincia se asegurará para así “… la administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria”. En la época que se redactó (1853) la educación primaria es lo que hoy se entiende como educación básica. Aunque es claro que los programas nacionales violentan el mandato constitucional, se argumenta que son necesarios porque compensan asimetrías regionales. Pero las evidencias muestran que las provincias del norte argentino, que son las más rezagadas, reciben apenas el 30% del total de las erogaciones de los programas nacionales en educación. En estas provincias, la Nación aporta el 8% del gasto en educación, proporción similar al que se observa en el resto de las provincias.

Que funcionarios nacionales se entrometan en responsabilidades provinciales es un desvío que deteriora la calidad de la gestión pública. Esto no sólo ocurre en educación, sino también en otras funciones provinciales como salud pública, asistencia social, vivienda y urbanismo, entre otras. Por eso, un principio básico para el ordenamiento integral del Estado es respectar la distribución de funciones entre jurisdicciones que establece la Constitución. Bajo esta lógica, el Estado nacional tiene como rol central medir y difundir los resultados de la gestión educativa y cada provincia hacerse cargo íntegramente de la gestión de las escuelas. Lo que más necesitan las provincias pobres no son recursos, sino condiciones para que la ciudadanía presione con eficacia a los funcionarios locales. Esta es la mejor herramienta para reducir las asimetrías regionales, no la intromisión en la gestión.

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