Esto induce a la población a reclamar por más presupuesto. El conflicto en la provincia de Córdoba ilustra que lo que más necesita la salud pública argentina no es más presupuesto, sino mejor gestión.

17 de los 30 médicos de guardia del hospital público provincial de la Ciudad de Río Cuarto renunciaron en señal de protesta por los bajos salarios. Según las noticias, el fundamento del reclamo es que el salario básico mensual es de apenas $ 75 mil. La modalidad de cómo se instrumentó la protesta –la renuncia– y el relativamente bajo salario –tratándose de profesionales con altas responsabilidades– generó una amplia acogida en el resto de la comunidad médica y de la población.

No se trata de un hecho aislado. Los bajos salarios son motivo de malestar generalizado entre los profesionales de los hospitales públicos de todo el país. Como la administración de los hospitales está a cargo de las provincias, la reacción más natural e inmediata es reclamar por mayor participación en los presupuestos provinciales. ¿Qué dicen las evidencias respecto a este planteo? Dado que no hay información pública para todas las provincias, se puede hacer una aproximación ilustrativa en base a la provincia de Córdoba, donde actualmente se manifestó el conflicto, pero que se extiende a todas las provincias.

En los hospitales públicos de Córdoba hay aproximadamente 4.600 médicos contratados por unas 35 horas semanales. Descontando tiempos muertos y suponiendo que hacen 3 consultas por hora, cada médico podría atender unas 330 consultas al mes. Por otro lado, viven en la Provincia 1,5 millones de personas sin cobertura médica. Por lo tanto:

La cantidad total de consultas que los hospitales públicos de Córdoba podrían atender es de aproximadamente unos 18 millones de consultas por año.
Suponiendo 6 consultas médicas por año por persona, para atender a la población sin obra social, se necesitarían unos 9 millones de consultas por año.
Esto implica que la oferta potencial en los hospitales duplica las necesidades.

Estos datos, si bien son aproximados, por su amplitud sugieren que la principal carencia de la salud pública no es de recursos sino de gestión. Que se contrate el doble de los médicos necesarios implica que se podría duplicar el sueldo de los profesionales que trabajan, si se dejara de pagar salarios a los que trabajan poco o no trabajan. En este sentido, las fallas de gestión generan salarios injustos porque no permiten hacer un reconocimiento monetario que refleje los muy diferentes niveles de compromisos de los profesionales. Las fallas de gestión son aún más injustas con la gente que debe hacer filas a la madrugada por un turno y, cuando lo consiguen, con frecuencia terminan no recibiendo la atención el día del turno. Por eso es que las guardias están atestadas.

Los déficits de gestión se materializan fundamentalmente en la deficiente identificación de la gente que los hospitales atienden, de lo que se deriva un débil control de la tarea que desempeña el personal. El no contar con buenos registros de los pacientes atendidos y del profesional que lo atendió son las dos principales fuentes de injusticias salariales. Los médicos que trabajan reciben un salario claramente bajo. Mientras que los médicos que no van a trabajar, o van solo algunos días y cuando van atienden sólo algunos pacientes, reciben el mismo salario. El resultado son remuneraciones muy bajas para los que trabajan, altas para los que trabajan poco y extraordinariamente altas para los que no van a trabajar.

Los hospitales públicos necesitan un cambio estructural en su modelo de gestión. En la actualidad prevalece una fuerte centralización administrativa en el Ministerio de Salud provincial y la tendencia a nombrar como director del hospital a un médico de planta del mismo hospital y no a un administrador de salud profesional. Su principal función pasa a ser tramitar expedientes para gestionar el personal, la compra de insumos y las inversiones de mantenimiento en las reparticiones del Ministerio de Salud. El cambio de modelo debería basarse en la profesionalización de la dirección para descentralizar la gestión y con un sistema de identificación de pacientes monitorear la atención médica. Bajo estas condiciones, con los actuales recursos se podría mejorar los salarios de los médicos.

También es fundamental replantear el rol del gobierno nacional. Históricamente, ejecuta una veintena de programas nacionales que consisten en transferir pequeñas sumas de dinero e insumos a los hospitales provinciales. El Ministerio nacional debería transformarse en una agencia nacional de evaluación de resultados. Su función debería ser medir resultados sanitarios y difundirlos a la sociedad. De esta forma, las autoridades provinciales estarán sujetas al control y a la presión de la sociedad para mantener la profesionalidad en la gestión de los hospitales públicos y así pagar mejor a los médicos.