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Argentina tiene más discapacitados que países en guerra

Hay 1,5 millones de personas con certificados de discapacidad

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27/01/2023 | 06:44

La discapacidad es una condici√≥n de la que se derivan desaf√≠os muy complejos de financiamiento y gesti√≥n. La Argentina tiene un sistema de cobertura improvisado con un r√©gimen financiero inconsistente. Esto provoca enormes da√Īos individuales, familiares y sociales que podr√≠an ser evitados con reglas m√°s racionales.

La discapacidad no es una enfermedad sino una condición. Esta condición plantea a los afectados una serie de necesidades específicas. Si bien la discapacidad comprende situaciones muy heterogéneas, los principales servicios especiales que puede requerir son la rehabilitación, la educación especial y la asistencia para la vida cotidiana que, en los casos más complejos, involucra la adaptación de la vivienda, alimentación y transporte especial y asistencia de personal especializado. Para muchas familias con un miembro del hogar con discapacidad el acceso a estos servicios plantea enormes desafíos.

La Argentina tiene la peculiaridad de que el suministro de estos servicios se asign√≥ al sistema de salud. En 1997, la Ley 24.901 defini√≥ las prestaciones espec√≠ficas para la discapacidad y estableci√≥ que las obras sociales est√°n obligadas a suministrarlas a sus afiliados. Luego, en el 2011, en la regulaci√≥n de las prepagas, se estipul√≥ la misma obligaci√≥n para las prepagas. Como ocurre con las prestaciones m√©dicas, para quienes no tienen seguro de salud queda impl√≠cito que la cobertura queda a cargo de los efectores p√ļblicos. La discapacidad se acredita legalmente con el Certificado √önico de Discapacidad (CUD) que otorga la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ese certificado genera el derecho a recibir las prestaciones espec√≠ficas de la discapacidad.

Seg√ļn informaci√≥n publicada por la ANDIS, la cantidad y la evoluci√≥n de las personas con CUD en Argentina es la siguiente:

En el a√Īo 2009 hab√≠a 9 mil CUD emitidos.
En el a√Īo 2021 hay 1,5 millones de CUD emitidos.
Esto implica que la emisión de CUD creció a una tasa del 54% promedio anual.

Estos datos muestran que el crecimiento de la cantidad de personas con discapacidad acreditada viene mostrando un enorme crecimiento en la √ļltima d√©cada. Representan m√°s del 3% de la poblaci√≥n total, lo cual no es una fracci√≥n despreciable. Suministrar las prestaciones especiales de la discapacidad implica un desaf√≠o complejo de financiar y gestionar. Por eso, para los seguros de salud ‚Äďque no son entes especializados en gesti√≥n de servicios de discapacidad‚Äď se han convertido en un factor de desestabilizaci√≥n financiera.

Conceptualmente, las discapacidades severas son de baja incidencia entre la poblaci√≥n total, pero de muy alto costo. Como las prestaciones espec√≠ficas de la discapacidad no son prestaciones m√©dicas, en los pa√≠ses bien organizados el Estado ‚Äďcon entes especializados‚Äď cofinancia a las familias estas prestaciones con un orden de priorizaci√≥n. Por ejemplo, en Uruguay esta funci√≥n la cumple la Comisi√≥n Nacional Honoraria de Discapacidad y en Chile el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS).

En Argentina, en cambio, esta cobertura es otro testimonio del voluntarismo y la demagogia con que se abordan temas de alto impacto social. Para la gente con seguro de salud se apel√≥ a la simplista receta de ampliar el Programa M√©dico Obligatorio (PMO). Imponer derechos sin mecanismos apropiados de financiamiento y gesti√≥n deriva en permanente conflictividad. Las personas enfrentan muchas dificultades para acceder a las prestaciones y es frecuente que tengan que acudir a la Justicia. La situaci√≥n es peor a√ļn para las personas sin seguro de salud. La misma ley que le impone la obligaci√≥n a las obras sociales y prepagas (Ley 24.901) estipula que, para las personas sin cobertura de salud, el Estado (gen√©ricamente) brindar√° las prestaciones en la medida que las personas no puedan afrontarlas. Esto da pie a otra superposici√≥n entre un organismo nacional (ANDIS) con las secretar√≠as provinciales y municipales de discapacidad. El desorden sirve para expandir la burocracia y diluir responsabilidades, pero no para dar una respuesta apropiada a la gente sin cobertura. El resultado es una larga y demag√≥gica enunciaci√≥n de derechos que en la mayor√≠a de los casos resulta muy dif√≠cil o imposible de ejercer.

Una respuesta socialmente eficaz exige salir de la mediocre y c√≥moda actitud de agregar derechos al PMO sin reparar en c√≥mo satisfacerlos. Esto lleva a la necesidad de asignar fondos p√ļblicos espec√≠ficos para la discapacidad para todos los argentinos con y sin cobertura. La gesti√≥n debe estar exclusivamente a cargo de los organismos provinciales que deben priorizar en funci√≥n del nivel de complejidad de la discapacidad de cada persona.
Fuente: IDESA

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