Un cambio al impuesto país.

El Senado prepara sesión pero el tema es Martín Lousteau.

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10/06/2024 | 07:57

Buen trabajo de Martín Lousteau para presentar al Senado un completísimo dictamen alternativo a las leyes fundacionales de Javier Milei. Hora de definiciones.

Al comenzar el mes 7 de Javier Milei, ya resulta patética cualquier referencia a La Casta. La impericia de Milei y su falta de gestión resultan la venganza de La Casta. Todos o saben o sospechan que el debate debe ir por otro lado. Martín Lousteau (senador nacional CABA / UCR y presidente del Comité Nacional partidario) se ha esmerado en preparar y presentar 2 dictamenes mucho mejor redactados que los del oficialismo, más sólidos desde la técnica legislativa, la coherencia administrativa y la teoría económica. Si Unión por la Patria postergara toda vanidad y lo respaldara con sus votos, la sesión en el Senado de la Nación puede dar un salto de calidad y hacerse interesante.

Aquí va un compacto de las ideas que expuso Lousteau:

Este paquete fiscal no es teoría ni se considera en el vacío. Se trata de una iniciativa de política fundamentalmente tributaria, que se inscribe en circunstancias específicas. Vale la pena, entonces, repasarlas.

Comencemos por el principio de esta administración. Para hacer frente a una herencia compleja, el Gobierno Nacional se decidió por una combinación de medidas que tuvieron impactos significativos en el poder adquisitivo en general, y de las clases medias en particular.

La suba de los dólares alternativos durante 2023 fue de 190%, lo que equivale a un promedio mensual de 9%. Los precios, por su lado, tuvieron un ritmo de aumento similar.

Con el ruido de fondo del proceso electoral y promesas electorales de fuerte inconsistencia macroeconómica, la velocidad de ambos fenómenos se aceleró, y llegamos a un mes de noviembre en donde el dólar había subido 20% en los meses previos y la inflación mensual tuvo un salto del 13%.

Es sobre ese mar de fondo que el Presidente actual decidió una devaluación del 118%, lo cual agravó temporalmente todas las dinámicas de precios. Para dar un ejemplo concreto, el presidente Milei habla de un proceso en curso de inflación mayorista anualizada de 17.000%. Y lo sostiene en que en diciembre la inflación mayorista mensual fue de 54%.

¡Pero diciembre fue el mes en que el Gobierno devaluó 118%! Extrapolar el 54% para todo el año, equivaldría a decir que Milei dejó un proceso de devaluación anualizado superior a 1.150.000% (que es la anualización de una devaluación mensual del 118%).

Varios precios se liberaron en virtud de la lógica imperante en el DNU 70.

Los combustibles subieron con este gobierno 182%, las prepagas 170%, los medicamentos 114%, las cuotas de los colegios privados 102%, el gas y la electricidad 244% y el agua 233% , el transporte público 186% y alimentos y bebidas 118%.
Feroz Licuadora

Todo este cuadro de fuerte devaluación y liberalizaciones más correcciones tarifarias llevaron a una inflación que primero se agravó fuertemente antes de empezar a bajar. El IPC subió 25,5% en diciembre, 20,6% en enero, 13,2% en febrero, 11% en marzo, 8.8% en abril, se ubicará en torno a 5% en mayo, totalizando un 117% en tan sólo 6 meses.

Todo eso sirvió para un fin fiscal. Poner en funcionamiento una feroz licuadora. Las jubilaciones se ajustaron muy por debajo de la inflación y perdieron en 4 meses un tercio de su poder adquisitivo.

Los salarios públicos perdieron en promedio 17% de su capacidad de compra, y el de los trabajadores de universidades 35%. Los salarios privados formales llevan una caída del 12%, y los informales del 27%.

Por otro lado, algo similar pasó con los ahorros. La política expresa fue que los plazos fijos pagaran menos que la inflación, llevando a una pérdida acumulada de poder adquisitivo de 32%.

Y el ajustazo le sacó combustible también a los doláres alternativos, con lo cual la pérdida de capacidad de compra de los dólares ahorrados en el colchón equivalió a 44%.

Es decir que no solo los ingresos permiten comprar mucho menos sino que los ahorros acumulados por el grueso de la población también valen menos.

Es el “no hay plata” llevado al extremo. Porque no sólo se aplica al sector público sino también a la inmensa mayoría de las familias argentinas. Ese “no hay plata” generó una dinámica económica y social catastrófica.
Magnitud 2002

El experto en consumo Guillermo Oliveto sostiene que “Estamos viendo una recesión magnitud 2002, como no se veía hace 20 años. Quiero aclarar bien esto: no estamos en el 2002, pero el primer trimestre tuvo caídas que se asemejan a las de aquella época. Por ejemplo, electrodomésticos, con una caída de 41%, dato oficial del INDEC. 30% la construcción, 30% caída de venta de autos, 18% caída de carne vacuna”.

La Universidad Torcuato Di Tella estimó un aumento de 3,2 millones de pobres en el 1rt. trimestre de este año, que alcanza así a 24 millones de personas o 51,8%. Esa mitad de argentinos sumergida intenta que no le falte comida, pero la enorme mayoría ya no lo logra.

La clase media baja deja las uñas en la pared para no caer en la pobreza, y la que está un poco mejor trata de no perder el acceso a la educación y la salud privadas, y mantener su auto. Todo lo demás está siendo sujeto de un feroz ajuste.

“La sociedad está estoica, con un orden de templanza, de moderación, de sobriedad, como no he visto en mis 32 años que estudió la argentinidad de manera profesional”, continúa Oliveto. Veamos si en esta ley está siendo pagada de la misma manera.
Corregir Moratoria y Blanqueo

El nombre del paquete analizado es ‘Medidas Fiscales Paliativas Relevantes’.

La Real Academia Española define paliativo de la siguiente manera: “Que tiene como finalidad mitigar, suavizar o atenuar el dolor de un enfermo”.

Repasemos pues el contenido de este paquete para ver cuáles son las medidas paliativas y para quiénes están orientadas.

El título I contiene un Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social. Dicho de una manera más coloquial, una moratoria para aquellos que incumplieron con dichas obligaciones.

Teniendo en cuenta el mal momento económico que viene de arrastre, se trata de una medida paliativa que aplica de manera amplia. Creemos que hay algunas cuestiones de justicia e incentivos por corregir, y así lo hacemos en el presente dictamen, pero la dirección es en sentido correcto.

El Título II es el Régimen de Regularización de Activos, o blanqueo. Se trata del 3er. blanqueo en 8 años. Y el 1ro. con algunas características realmente especiales. Recordemos que el que tiene 'dinero negro' generalmente no pagó el IVA (21%), ni ingresos brutos (3% general en CABA), tampoco débitos y créditos (1,2%), ganancias (35%) o bienes personales (máximo de 2,25% anual).

Es decir que estuvo evadiendo un monto significativo en materia de sus contribuciones para la seguridad, la salud, la educación o la justicia. Y ahora, pagando nada o mínimamente, se libera de todo.

Creemos que quienes entraron a algún blanqueo en los últimos 10 años no deberían poder ingresar a este. Porque si no, estamos premiando evasores seriales frente al resto de los contribuyentes que cumplen aún bajo el peso agobiante de los impuestos.

Constituiría, además, un antecedente significativo: los que entran ahora sabrán que es la nueva norma y pagarán impuestos.

La solución que frente a este reclamo encontró el dictamen de mayoría es lisa y llanamente un engaño. Vuelve a permitir que ingresen los incumplidores seriales pero sostiene que no será así en el futuro.
Sociedad de funcionarios o ex funcionarios no debe blanquear

Hay un tema más preocupante, tanto el Presidente en declaraciones públicas como encumbrados funcionarios en privado, han sostenido que no les importa en absoluto el origen de los fondos. Y eso se tradujo en varias partes de la letra del proyecto original.

En el presente dictamen se establece que se trata de un “blanqueo fiscal” y que los contribuyentes deberán acreditar el origen de los bienes a regularizar y la proporcionalidad entre su monto y las actividades lícitas desarrolladas, instando a una regulación alineada con la Guía de Mejores Prácticas para Programas de Blanqueos Impositivos, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Y se excluye de quienes pueden blanquear a los procesados por lavado (el proyecto oficial lo permite). Queremos que ingresen personas que evadieron parte de sus ingresos porque la carga fiscal es excesiva en su actividad para sobrevivir y limitar fuertemente el blanqueo de fondos de actividades ilícitas (narcotráfico, corrupción etc.).

Si hay algo que estos últimos no deberían tener es un tratamiento paliativo.

El blanqueo más exitoso fue el de 2016, con el gobierno de Mauricio Macri. Se exteriorizaron más de US$ 116.000 millones. Si uno mira qué pasó entonces, lo que se aprecia es que ese blanqueo benefició a los más ricos entre los ricos. Se estima que el 53% fue blanqueado por el 0.05% más ricos del país. Y el 92% por el 0.5%.

Fue, junto con este, también el más barato. En nuestro dictamen mantenemos el 0% de tasa para quienes blanqueen hasta US$ 50.000, pero luego hay una suba entre US$ 50.000 y US$ 200.000; y aún mayor de ahí en adelante.

En este contexto, beneficiar a los más ricos entre los ricos que decidieron no pagar sus impuestos con una tasa muy baja nos parece lo contrario de una medida paliativa.

Igual que en el blanqueo de Macri, en esta versión original se permitía que blanquearan los hermanos de funcionarios. Eso se modificó. Pero una sociedad controlada por funcionarios o ex funcionarios todavía puede blanquear. Eso no se permite en nuestro dictamen.

También hemos agregado otros sujetos excluidos: contratistas y proveedores del Estado, administradores de planes sociales, o beneficiarios de los mismos (salvo la asistencia de emergencia en tiempos del COVID).

Tanto en el caso de la moratoria como del blanqueo, excluimos a la recaudación extraordinaria producida del reparto correspondiente a la cuenta de jerarquización que premia a los empleados de AFIP. Sería un contrasentido premiar por montos que no se detectaron o cobraron proactivamente. Sería un privilegio lejano a cualquier política paliativa. Lo óptimo es que se distribuya entre la nación y las provincias como el resto de lo recaudado, a los efectos de atender las urgencias actuales.
REIBP

El título III trata sobre el impuesto a los bienes personales. Si el blanqueo muy probablemente sea aprovechado principalmente por quienes más tienen, en el caso de este capítulo está directamente enfocado a beneficiar a los más ricos entre los más ricos. Y, en la versión del oficialismo, también a quienes blanqueen.

Es realmente una iniciativa de índole vergonzosa, lo más alejado de una medida paliativa que se pueda considerar.

Recordemos de qué se trata y por qué surge. Ya vimos que el blanqueo de Macri fue usufructuado abrumadoramente por los más privilegiados. Y esa administración se embarcó primero en una promesa y luego en una implementación de rebaja de alícuotas de bienes personales hasta su eventual eliminación.

Luego vino la administración de Fernández y repuso la suba de alícuotas. A ello se sumó el impuesto a las altas fortunas durante la pandemia. Muchos de quienes blanquearon se sintieron “engañados”, a pesar de que no habían pagado impuestos durante mucho tiempo. Ahora esos mismos grupos exigen “cobertura”, es decir que les bajen y nunca más les puedan subir los impuestos patrimoniales.

¿Cómo se lleva eso adelante? Con un Régimen Especial del Impuesto a los Bienes Personales (REIBP) que sólo cobra sentido en el caso de las fortunas más altas entre las altas y de aquellas que crecerán en los próximos años.

¿Qué hace la propuesta del oficialismo? Hoy la alícuota mínima de bienes personales es 0,5% y la máxima de 2,25%. A cambio de adelantar el pago de los próximos 5 años, la alícuota a aplicar será la mínima. Es decir que los más ricos entre los ricos podrán cancelar los próximos 5 años del impuesto con lo que antes pagaban sólo este año.

Además congelan su situación patrimonial. Y por si ello fuera poco adquieren estabilidad tributaria hasta el 2038.

Repasemos. Los más ricos van a pagar significativamente menos y asegurarse que ello sea así por 15 años.

¿Hay algún otro sector beneficiado así en esta ley? No.

¿Puede este tipo de política considerarse paliativa en algún sentido? No, salvo que pensemos que quienes precisan un cuidado paliativo en este contexto no son los jubilados, ni los docentes, ni los médicos y enfermeros, ni los jóvenes en situación de pobreza, ni las pymes cuyas ventas caen día a día sino los más millonarios en nuestro país.

Con un agravante: los que blanquean y son millonarios, es decir que tienen plata pero no pagaron sus impuestos, pueden blanquear y asegurarse este tratamiento de privilegio hasta 2038. ¿Paliativo? ¿Para quién? Para los ricos y evasores.

En nuestro dictamen, quienes blanquean no pueden ingresar al REIPB. Y el beneficio de estabilidad no se extiende más allá del presente gobierno.

Se trata tan sólo de un premio en la alícuota para quienes adelanten el pago de los próximos 5 años y hayan cumplido con sus obligaciones tributarias sobre el patrimonio, más allá de considerarlas justas o injustas.

El Título IV es acerca del Impuesto a las Ganancias. Milei votó a favor de su eliminación y transformación en “impuesto cedular” que propuso Massa como ministro de Economía en plena campaña. Hoy como Presidente propone retrotraer esa iniciativa y volver a subir los impuestos a la clase media.

Es decir que mientras les baja impuestos y les da estabilidad tributaria a los más ricos, les cobra más impuestos y somete a inestabilidad tributaria a más de un millón de personas. Medidas paliativas. O deberíamos instalar un nuevo oxímoron: privilegios paliativos para los que no sufren. ¿Sabrá la gente que exige la aprobación de este paquete fiscal cuál es su verdadero contenido?

La restitución del impuesto a las Ganancias es un pedido de muchos gobernadores para compensar la caída en la recaudación que se destina a las provincias. Lo que es inaudito es que conviva con la rebaja de bienes personales a los más ricos, de fuerte contenido ideológico, que propone el gobierno. Nosotros proponemos que el piso de ganancias suba, sabiendo que estamos proponiendo alícuotas más altas para el blanqueo y limitando el REIPB.

El Título V lidia con el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, comúnmente conocido como monotributo, reconfigurando márgenes y cuotas. Proponemos que quienes hayan sido excluidos en virtud de parámetros anteriores, puedan reingresar con los actuales.
Impuesto PAIS

El título VI refiere a la explicitación del componente tributario en los precios al consumidor.

Y el VII a otras medidas fiscales. Entre éstas últimas incorporamos una modificación a la actual distribución del impuesto PAÍS, que vence en diciembre de este año, para que el 30% sea distribuido de forma diaria y automática entre las provincias con el mismo criterio de la coparticipación, ley 23.548, para atender el financiamiento de obras de infraestructura económica, hoy en crisis.

Estimamos que los fondos de esa fuente para las provincias alcanzarían en lo que resta del año a 0,25% del PBI.

Finalmente nuestro dictamen incluye premios a los buenos cumplidores tributarios. Eso aplica a bienes personales con una rebaja de 0,5% de la alícuota en 2024 y 2025 (que no hayan ingresado a blanqueos), o de reducción de ganancias (suba del 10% del importe no imponible en 2024) para quienes no llegan a tributar bienes personales, o inclusive para los monotributistas, reintegrando el importe del impuesto correspondiente a agosto y septiembre del presente año.
Un Estado Justo

Al inicio de los considerandos de este dictamen se describió la situación económica y social que está atravesando nuestro país. Una caída abrupta de la actividad, pérdida de poder adquisitivo generalizada, y menos recursos públicos para salud, educación, obra pública o transferencias a provincias.

Simultáneamente hubo un aumento de impuestos que impactan a todos en los precios pero cuya recaudación se queda el Estado Nacional (impuesto PAÍS), pérdida de empleos públicos y privados, aumento de la pobreza y la indigencia.

No hay plata, dice el gobierno mientras se jacta de haber hecho el ajuste fiscal más importante de la historia.
No hay plata para los jubilados.
No hay plata para el fondo de incentivo docente (FONID).
No hay plata para garantizar la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades.
No hay plata para transferir frente a catástrofes climáticas, sean tormentas, inundaciones o incendios.
No hay plata para becas.
No hay ni ganas de repartir comida antes de que se pudra.
No hay plata para mantener la rebaja del impuesto a las ganancias que el propio Presidente votó cuando era diputado. Para todos esos no hay plata ni certidumbre.

Pero sí hay plata para bajarles los impuestos a los más ricos entre los ricos. Y a ellos sí se les puede dar certidumbre hasta 2038. Hay plata para premiar a los evasores con un blanqueo extraordinariamente generoso pero no para recompensar a los cumplidores Necesitamos un Estado. Todas las sociedades necesitan un Estado. Pero necesitamos un Estado justo. Ni excesivo ni inexistente.

Un Estado justo, es decir con las prioridades correctas. Un Estado justo en sus demandas para los que contribuyen y no voraz. Pero también justo para quienes cumplen con la ley en lugar de para quienes no cumplen.

Un Estado justo es decir que no avale privilegios de ningún tipo. Un Estado justo. Con un tamaño justo. Con una mirada justa. Con instrumentos justos. Que si dice que busca medidas fiscales paliativas, lo sean verdaderamente.

El problema del Estado cooptado

La pregunta que debemos hacernos es: ¿las propuestas de la Ley Bases promueven o hacen más difícil el establecimiento y/o la preservación de instituciones económicas y políticas que contribuyan a la prosperidad de la sociedad y a la gobernanza efectiva sobre los actores y los recursos naturales?

Un trabajo comúnmente citado en estos tiempos es el libro de Daron Acemoglu y James A. Robinson, 'Por qué fracasan los países'. Para estos dos autores las instituciones, en especial las económicas y políticas, son claves para la prosperidad de las naciones.

Acemoglu y Robinson distinguen en su explicación entre instituciones políticas y económicas de naturaleza inclusiva versus aquellas que resultan extractivas. Estas últimas son las que tienden a enriquecer primordialmente a los grupos que aglutinan el poder.

En cambio, las inclusivas son las que respetan los derechos de propiedad pero a la vez crean verdadera igualdad y fomentan la inversión, tanto en nuevas tecnologías como en capital humano.

Las primeras llevan a privilegios, desigualdad, pobreza y estancamiento colectivo, aún cuando a unos pocos les vaya desproporcionadamente bien.

Las segundas establecen reglas de juego parejas, mayor pluralidad y distribución del poder, mayor productividad y desarrollo.
Círculos viciosos vs. Círculos virtuosos

A su vez, se da una suerte de refuerzo mutuo. Las instituciones políticas extractivas refuerzan las instituciones económicas extractivas; y lo mismo ocurre con las inclusivas.

Dicho de otra manera, el poder político crea privilegios económicos, y el poder económico da peso político.
El poder concentrado en élites encuentra mecanismos para hacerse cada vez más fuerte.
En el otro extremo, las instituciones políticas inclusivas alientan la inclusividad de las políticas económicas que a su vez fortalecen una distribución más amplia del poder político.
Y el poder diseminado genera oportunidades que no existirían de otra manera.

Círculos viciosos vs. Círculos virtuosos.

Este trabajo parece muy caro a diversos funcionarios, legisladores y comunicadores afines al gobierno nacional, quienes suelen referirse a él. Sin embargo, muchas veces parecen reducir su argumento únicamente al concepto de “seguridad jurídica económica”, es decir al grado de certidumbre del que gozan las inversiones. Parecen olvidar el nudo argumental completo.

Un grupo político puede apropiarse del Estado. Y desde allí repartir recursos y negocios a sus propios miembros. Puede hacerlo en la forma de distribución de recursos públicos para su propio espacio político (fondos estatales lícitos, o producto de la corrupción). También vía contratos con el Estado para los empresarios amigos.

O manipulando las reglas (y con ello socavando la seguridad jurídica) para favorecer a esos mismos empresarios o alterándolas de manera intervencionista como modo de sostener su poder político frente a inconsistencias macroeconómicas que el propio gobierno genera. Todo ello constituye una dinámica extractiva. Ciertamente, hemos visto mucho de ello en el pasado; y es parte de lo que ha determinado nuestro fracaso económico.

Pero también puede ocurrir que factores económicos y ciertos sectores sociales se apropien del Estado, y refuercen desde allí -vía acción directa o a través de la legislación- los beneficios o privilegios de los que ya disponen. Podrán hacerlo intencionadamente o porque su mirada está acotada a su propia experiencia como grupo.

Pero esa también constituye una dinámica extractiva que, lamentablemente, también hemos padecido en reiteradas ocasiones a lo largo de nuestra historia.

Y de esto también hemos visto en exceso. Hoy lo estamos viendo nuevamente.
Nuestro estancamiento secular

En el caso de la Ley Bases, que altera la relación de los individuos con el Estado y de los sectores entre sí de manera muy profunda, sabemos que ha sido elaborada en estudios jurídicos que atienden a intereses específicos y tienen su propia mirada sobre los problemas del país.

Un Estado “particularista” en su entramado legal, es decir que en su diseño atienda determinados intereses particulares, puede servir muy bien a esos intereses pero es poco probable que contribuya, en el largo plazo, al bienestar general de los ciudadanos.

No importa quién coopte el Estado. No importa si es una facción política, o intereses privados. Cuando el Estado se transforma en un coto de caza, en algo que quien está a cargo puede utilizar en beneficio propio o de su grupo, nada bueno puede ocurrir para el interés general y el bien común. Y creemos que hay mucho de esto en la media sanción, que el dictamen de mayoría no corrige más que con maquillaje.

Argentina ha estado prácticamente estancada en los últimos 50 años. El ingreso por habitante creció a un ritmo anual de apenas 0,3%. De continuar esa velocidad tardaríamos 232 años en duplicar el PBI per cápita. Estamos en el lote de los 30 países que menos crecieron en el último medio siglo, acompañados por países como Nigeria, Irán y el Congo. Y somos el 2do. país que menos creció en nuestra región, Sudamérica.

En las últimas 5 décadas hemos estado inmersos en 2 grandes ciclos de caída o estancamiento del ingreso por habitante. De 1974 a 1990 cayó a un ritmo del 1,3%. Y el proyectado para este año es equivalente al de 1998. Quiere decir que hemos estado atrapados sin crecimiento en 32 años de los últimos 50 años. Y solamente hemos podido romper esa dinámica en dos períodos: 1991-1998 interrumpido por la crisis del Tequila en 1995; y 2003-2011, interrumpido por la crisis financiera internacional del 2008.

Vale la pena detenerse en ambos períodos. En el primero, el tipo de cambio fue fijo y poco competitivo, tal como se evidenció en la etapa terminal de la crisis de la Convertibilidad. Pero la reforma del Estado, aún con sus claroscuros en materia ética, generó un aumento de la productividad pública: mejor información, entorno más estable, regulaciones claras, eliminación de bolsones de improductividad y déficit (por ejemplo en las empresas públicas). Cuando ese impulso se frenó (y el contexto externo cambió), el atraso cambiario se hizo insostenible.

El costo en el entramado productivo y social de todo el proceso fue muy alto. Y terminó en la peor crisis de nuestra historia reciente, con muertos en protestas, pobreza superando el 50% y 5 presidentes distintos en el lapso de 2 semanas.

El 2do. período fue casi la inversa del recién descrito. El tipo de cambio era híper-competitivo y el Estado fue aumentando sus gastos de manera cada vez más improductiva. Esa política dio, al inicio, un impulso fiscal a la actividad pero fue generando luego inflación y atraso cambiario. Ello llevó a la pérdida de reservas, controles de cambio, con ciclos de devaluación y recesión cada dos años, que derivaron en el estancamiento del PBI por habitante mencionado antes.

De los dos párrafos anteriores se puede apreciar que Argentina sólo creció cuando aumentó la productividad de su Estado o cuando tuvo un tipo de cambio competitivo. Y ello tiene una explicación.

Los Estados se exportan. No directamente, pero sí a través de todos los bienes y servicios que se producen en el país, ya que los impuestos representan alrededor del 55% del costo de producción promedio. Imaginemos por un instante qué pasaría si nuestro país tuviera el mismo costo y calidad de: la mano de obra, la energía, la logística y el capital que en otros países pero su Estado cobrara más impuestos y diera a cambio menos cosas.

En ese caso, perderíamos competitividad porque seríamos más caros. Y la única manera de abaratar la producción contra otros países sería con un dólar más alto, es decir devaluando. Lo que esto significa es que un Estado peor que el de otros países hace que los trabajadores argentinos estén más abajo en el ranking mundial de salarios medidos en dólares.

Con un peor Estado somos todos más pobres. No sólo recibimos menos cosas y pagamos más impuestos, sino que nos lleva a ganar menos a todos los argentinos frente al mundo.

Esto es algo obvio una vez que se piensa en ello. El Estado representa alrededor del 40% del PBI, es decir de la economía, pero además es la educación y la salud pública, la justicia, la seguridad, la infraestructura, la cultura con la que interactuamos, la calidad de nuestro debate público, las leyes y regulaciones que le imponemos al sector productivo, los acuerdos internacionales para acceder a mercados, etc.

Si todo eso es peor que en otros países y lo cargamos dentro de lo que producimos, sólo podemos competir con un dólar alto.
Oscar Oszlak

El Estado es “la” institución por excelencia que debemos mejorar si queremos un país que se desarrolle y traiga prosperidad generalizada.

Necesitamos un Estado que lleve adelante políticas inclusivas y no extractivas, en la terminología de Acemoglu y Robinson. Un partido que lo usa en favor de su construcción política o sectores económicos que se lo apropian para multiplicar sus beneficios constituyen, ambas, dinámicas contrarias a lo que pretendemos y necesitamos.

Hoy estamos atrapados entre dos visiones que no podrán sacarnos de donde estamos.

Una parte del espectro político cree que la economía está siempre subordinada a la política, y así van creando una maraña de regulaciones que llevan a un estancamiento secular.

La otra, arma planes económicos que quiere aplicar independientemente de la capacidad política y de la situación social, lo cual lleva a tensiones finalmente insostenibles. Ninguna construye el Estado que necesitamos.

En palabras de Oscar Oszlak tenemos un Estado repleto de deformidades, que provienen de presiones que ejercen sectores distintos, y eso es lo que hay que corregir.

Supimos tener un Estado más pequeño y eficaz que el actual. Así fue hasta fines de la década de los ’60. Ese Estado tenía, en comparación con el total de la economía, un tamaño que era 2/3 partes del actual. Y daba mejor educación, salud, infraestructura, justicia y seguridad, etc.
Buenos Aires – Mar del Plata

Quizás para entender mejor lo que nos pasó sirva apelar a la imagen del tren Buenos Aires – Mar del Plata. El mismo se inauguró en 1957. Tenía pisos alfombrados, asientos reclinables y giratorios, música funcional, coche comedor y aire acondicionado. Y tardaba 4 horas y media. Hoy, el viaje es peor y tarda significativamente más, pudiendo llegar a 7.5 horas. Somos un país que en 66 años logró que el tren demore 66% más. Imaginemos que eso es lo que pasó en el resto de las áreas estatales. Eso es lo que tenemos que empezar a revertir.

Si no lo hacemos continuaremos trabados. Con más gasto público (de esta calidad) no hemos podido reducir la pobreza sino que, de hecho, ha aumentado. Seguir gastando más de esta manera no resolverá el problema. Y con esta carga tributaria, no estamos generando puestos de trabajo en cantidad y calidad para esos compatriotas que lo necesitan. A la vez, un Estado más pequeño que no provea lo que otros estados dan tampoco nos llevará a ningún lugar.

Necesitamos ‘liberalismo’, sí. Es decir, necesitamos menos trabas burocráticas y tributarias para producir. Pero necesitamos un Estado que brinde educación, salud, jubilaciones, seguridad, justicia e infraestructura de calidad. Son ambas cosas las que nos van a sacar de donde estamos.

Por todo esto es que, frente a la media sanción de la Ley Bases que vino de diputados y al dictamen de mayoría, la pregunta que nos debemos hacer es si realmente tiende a construir eso: un mercado más eficiente y un Estado mejor.

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