Los programas asistenciales no logran evitar el aumento de la pobreza porque la principal fuente de ingresos de los hogares pobres sigue siendo el trabajo. Para mejorar la situación social no hay que seguir sumando y superponiendo programas asistenciales sino hacer las transformaciones que permitan dinamizar el empleo.

La pobreza urbana ascendió al 53% de la población en el 1° semestre del 2024, un nivel similar al que se produjo en la crisis del 2002 que fue del 54%. La pobreza dejó de medirse entre los años 2007 y 2015 por manipulaciones de las estadísticas oficiales en el INDEC. A partir del 2016 se vuelve a medir, registrándose 27% en el 2017, 36% en el 2019 y 41% en el 2023. Más allá de los problemas estadísticos y de la reciente aceleración de la inflación es claro que el aumento de la pobreza es un problema tan grave como crónico.

Resulta paradójico que esto ocurra en un contexto de mucha ayuda asistencial. Hasta finales del siglo pasado los programas asistenciales eran bastante acotados. Pero a partir de la crisis del 2002 se inició un crecimiento exponencial del asistencialismo. Un hito muy importante fue la creación de la AUH. Pero junto con ello se fueron creando centenares de otros planes asistenciales desde los tres niveles de gobierno.

Una evidencia clave para entender la persistencia de la pobreza en un contexto de creciente gasto asistencial es la fuente de ingresos de los hogares. Según el INDEC entre los hogares urbanos en el 2024 se observa que:

El 77% de los ingresos familiares provienen de fuente laboral y el 23% restante de fuentes no laborales.
Entre los hogares no pobres el 81% de los ingresos proviene de fuente laboral y el 19% de fuente no laboral.
Entre los hogares pobres el 53% de los ingresos son de fuente laboral y el 47% de fuente no laboral.

Estos datos muestran que la principal fuente de ingresos de las familias es el trabajo. Las otras fuentes de ingresos –transferencias del Estado (jubilaciones y ayudas asistenciales), ahorros, rentas, cuotas alimentarias, etc.– ocupan un papel complementario. Incluso entre los hogares pobres más de la mitad de sus ingresos provienen del trabajo. Una particularidad decisiva es que en el segmento de los hogares pobres prevalece el empleo informal. El 55% de los hogares está sostenidos por un jefe de hogar o cónyuge que son ambos informales o sin empleo y entre los informales el 82% está entre los 5 primeros deciles de salarios más bajos del mercado laboral.

El principal factor que explica la pobreza crónica es el persistente deterioro laboral que se observa en lo que va del Siglo XXI. En la crisis del 2002, entre la población en edad de trabajar, el 35% tenía trabajo formal, el 25% informal y el 40% no tenía empleo (inactivo laboral y desocupado). En el 2024, sólo el 32% tiene empleo formal y otro 32% se mantiene sin empleo, pero los informales pasaron a ser el 35% de la población en edad de trabajar. La escasa generación de empleos de calidad explica esta expansión de la informalidad.

La degradación es fruto de perseverar en políticas equivocadas. Por un lado, hay un amplio consenso en torno a la idea de que cambiar las leyes laborales y los convenios colectivos va en contra de los trabajadores. La persistencia en esta estrategia –que trascendió el ciclo político de las últimas décadas– explica que los empleos creados no respeten esas leyes y convenios colectivos. Por otro lado, hay amplio consenso en la estrategia de paliar las consecuencias de la alta informalidad multiplicando los programas asistenciales.

Se necesita sustituir estos consensos equivocados por otros que contribuyan a dinamizar la generación de empleos de calidad. Esto requiere eliminar la emisión inflacionaria y la infinidad de regulaciones anticompetitivas, ordenar el sistema tributario y adaptar las leyes laborales y convenios colectivos a las exigencias del mercado, del avance tecnológico y de las posibilidades económicas de cada empresa, fundamentalmente, de las pymes. En paralelo es fundamental transformar el sistema educativo para promover la terminalidad de la educación media con alta calidad educativa.

Esta agenda de política pública está plasmada en el Acta de Mayo que el gobierno nacional firmó con la mayoría de los gobiernos provinciales. Se trata de un inédito primer paso en el sentido correcto. Ahora toca lo más difícil: su implementación.