El gobierno mejoró la gestión educativa desactivando programas nacionales que se superponían con funciones provinciales. En una reversión de la estrategia, volvió a convocar a una paritaria nacional para fijar el salario docente que tienen que pagar las provincias. Esto sólo potenciará la conflictividad y el deterioro de la educación.

La educación básica es exclusiva responsabilidad de las provincias. Esto es así por elección de las propias provincias que en el artículo 5° de la Constitución Nacional establecieron que ellas tendrán su Constitución provincial que asegure –entre otras cosas– la administración de la educación. En sus 24 Constituciones, las provincias reafirman su voluntad de ser las responsables por la educación inicial, primaria y secundaria.

Sin embargo, en 1998 se creó el Fondo Nacional de Incentivo Docente y en el 2005 el de Compensación Salarial Docente para pagar desde la Nación una parte marginal del salario docente. Además, en este último año se estableció que una paritaria nacional fijará el salario mínimo docente que deben pagar todas las provincias. El año pasado, con muy buen tino, se eliminaron ambos fondos y se desarticuló la paritaria nacional. Pero en el 2025, se volvió a la paritaria nacional para tratar de reducir las diferencias de salarios entre provincias.

La pregunta que cabe hacerse es: ¿los salarios docentes tienen una dispersión regional mayor que los del sector privado para justificar este intento de nivelación? Tomando el salario de un maestro de primaria con 10 años de antigüedad y la media de los salarios privados se observa que:

En las provincias del centro los docentes cobran un 14% más que en las provincias del norte, mientras que los asalariados privados registrados cobran un 24% más.
En las provincias del sur los docentes tienen remuneraciones un 49% superiores y en el sector privado un 107% superiores a las provincias del norte.
Es decir que las brechas regionales de remuneraciones de los docentes son aproximadamente la mitad que las brechas observadas en el sector privado.

Estos datos muestran que hay diferencias salariales importantes entre regiones, pero las brechas docentes son significativamente más bajas que en las empresas privadas. Varios factores explican las diferencias de salarios entre provincias. Resaltan las diferencias de costo de vida y en los niveles de desarrollo. En este contexto forzar desde una paritaria centralizada la nivelación de los salarios docentes es una intervención contraproducente.

Si una provincia paga salarios bajos la explicación es que su gobierno administra mal los recursos y/o no tiene niveles de desarrollo suficientes para pagar salarios como en las otras provincias. La solución no es forzar la nivelación de salarios desde una paritaria nacional sino inducir a que se mejore la gestión y promover el desarrollo. La paritaria central no resuelve ninguno de estos problemas sino que, por el contrario, agrega nuevos. Uno muy dañino es que la mayoría de las provincias hicieron un gran esfuerzo para acordar con sus gremios locales la actualización de las escalas salariales. Sin embargo, el ciclo electivo arrancará con paros docentes debido al conflicto generado por la paritaria nacional. Un conflicto que no le compete al Estado nacional y que no tiene ninguna competencia para resolverlo.

La discusión salarial monopoliza la agenda educativa. Su contrapartida es que relega el tema central: la baja calidad de la educación. Mientras el Estado nacional se entromete en cuestiones que no le competen –fijar salarios que luego las provincias deben pagar con sus propios recursos– siguen sin abordarse serias deficiencias en la gestión educativa. Es muy sugerente que mientras, según los Censos 2010 y 2022, la población en edad de asistir a la educación primaria creció 7%, la matrícula de primaria creció sólo 4%. Mientras tanto, los cargos docentes al frente de alumnos en primario crecieron un 20%. La desidia en la gestión, el ausentismo y la desmotivación de los docentes están en la base de la baja performance educativa y el consiguiente deterioro de los indicadores educativos.

El sistema educativo funciona muy mal. El resultado es que gran cantidad de alumnos desertan o egresan con niveles de conocimientos insuficientes para el mercado laboral formal. Para revertir este deterioro es esencial ordenar las competencias educativas. El financiamiento y la gestión, incluyendo la política salarial, es exclusiva responsabilidad de las provincias. El Estado nacional sólo debe concentrarse en medir resultados educativos. En el Consejo Federal de Educación, las provincias deben consensuar las políticas educativas comunes que le darán el carácter al sistema educativo nacional.