Desde abril, todos los comercios en Argentina deben detallar el IVA y otros impuestos en sus tickets. Esta ley busca que los consumidores conozcan el precio real de los productos y la carga impositiva que enfrentan.

A partir del 1 de abril, entra en vigencia la segunda etapa del régimen de Transparencia Fiscal en Argentina, una medida impulsada por la ONG Lógica que busca brindar mayor claridad a los consumidores sobre la carga impositiva en los precios de bienes y servicios.

Esta normativa, que fue incluida en la Ley Bases aprobada el año pasado, ya regía desde enero para grandes comercios, obligándolos a detallar en los tickets el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros tributos nacionales. Ahora, la medida se extiende a pequeños y medianos comercios, lo que significa que todos los establecimientos deberán especificar el porcentaje de impuestos en cada compra realizada por los consumidores.

Según José Viale, titular de la Cámara de Comercio de Córdoba, "es una vieja ambición del sector comercial que en las facturas se discriminen los impuestos correspondientes, separándolos del costo verdadero del producto". Viale destacó en Cadena 3 que "conocer la trazabilidad del precio de los bienes o servicios es muy importante".

Además del impacto a nivel nacional, la ONG Lógica está trabajando para que las provincias y los municipios adhieran a la normativa y detallen también los impuestos locales, como Ingresos Brutos y tasas municipales. Sin embargo, hasta el momento, solo cinco provincias -Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Misiones- han manifestado su intención de sumarse a la iniciativa, aunque sin establecer plazos concretos. En contraste, provincias como Córdoba aún no han respondido a la solicitud de adhesión.

El régimen de Transparencia Fiscal toma como referencia experiencias internacionales, como el sistema implementado en Brasil, donde los consumidores pueden ver detalladamente qué porcentaje del precio corresponde a impuestos. Esto permite generar un debate sobre la carga tributaria y el destino de los recursos recaudados por los distintos niveles del Estado.

Si bien la adhesión provincial no es obligatoria, el debate sobre la transparencia fiscal sigue en curso. Para los consumidores, esta medida representa un avance en la claridad de la información sobre los precios, mientras que para los gobiernos provinciales podría suponer un desafío al evidenciar el peso de los impuestos locales en los costos finales de los productos y servicios.
Fuente: Vía País