El Ministerio de Justicia de la Nación, a través de su Programa de Calidad, lideró el proceso de recertificación de 78 organismos judiciales y dependencias del Poder Judicial de la Nación que aprobaron la auditoría externa del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) según los lineamientos de la norma ISO 9001:2015. Esta iniciativa reafirmó el compromiso de nuestra cartera con una justicia moderna, eficaz y transparente en el marco del convenio de colaboración con el Consejo d

Nuestro Ministerio impulsa esta política pública para brindar asistencia técnica y financiera a los organismos judiciales que incorporan sistemas de gestión de calidad. Cada año, más juzgados y dependencias se suman voluntariamente al Programa de Gestión de Calidad, consolidando una red institucional comprometida con la mejora continua.

El proceso de recertificación incluyó la revisión de procedimientos judiciales, estandarización de tareas, elaboración de perfiles y competencias del personal, definición de objetivos medibles e implementación de mecanismos para monitorear resultados, gestionar riesgos y aplicar acciones correctivas.

La auditoría externa fue realizada por seis profesionales de IRAM que trabajaron en simultáneo en distintos puntos del país. La apertura formal del proceso contó con la presencia del Secretario de Justicia y consejero del Consejo de la Magistratura, Sebastián Amerio, y de la consejera Alejandra Provítola, quienes ponderaron el rol estratégico del programa y el compromiso de los equipos judiciales intervinientes.

Para acompañar este crecimiento, articulamos acciones formativas junto a la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura y el Instituto de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que fomentan la capacitación profesional en gestión de calidad y auditoría bajo la norma ISO 9001:2015.

Esta política mejora procesos al mismo tiempo que fortalece la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Para el Ministerio de Justicia, la calidad representa mucho más que un sello porque consiste en una decisión política, un compromiso de gestión y una herramienta para garantizar derechos.