Creado a través del Decreto de Necesidad de Urgencia 379/2025, este procedimiento funciona como una vía optativa, rápida y menos costosa de resolver conflictos vinculados al acceso a prestaciones de salud.

Mediante una resolución conjunta, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud de la Nación reglamentaron el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), una herramienta que propone una instancia de mediación optativa, previa a una acción judicial, para controversias que involucren a Obras Sociales, Seguro de Salud o Medicina Prepaga.

La medida apunta a facilitar la solución consensuada, reducir la judicialización y promover una respuesta institucional temprana y eficiente. Dada la especificidad de este tipo de conflictos, los mediadores en materia de salud son esenciales para garantizar la calidad técnica y ética en su resolución.

En este sentido, la resolución conjunta 1/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, aprueba los programas de capacitación y pautas para los exámenes de idoneidad que deberán realizar para contar con una formación inicial adecuada, actualización continua y evaluación objetiva. Asimismo, establece que los aspirantes a mediador deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Mediación con una antigüedad mayor a un año y no poseer sanciones vigentes al momento de la solicitud. Para garantizar la disponibilidad de profesionales idóneos durante la etapa inicial, se asienta que por el plazo de un año, este requisito se considerará cumplido para profesionales inscriptos en los registros provinciales con una antigüedad mayor a un año en su registro provincial respectivo.

En cuanto al financiamiento, se reglamenta que el Fondo de Financiamiento tendrá a su cargo el pago del honorario al mediador cuando el trámite culmine sin acuerdo. En los casos en los que haya condena en costas en sede judicial, el requerido deberá reintegrar al fondo el honorario abonado al mediador. Para asegurar la transparencia y el recupero, se suscribirán convenios con el Poder Judicial de la Nación para el seguimiento de las causas.

En lo que refiere al monitoreo del procedimiento, la Jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, Florencia Zicavo, será el enlace técnico permanente designado por dicha cartera para tener reuniones periódicas. Con el objetivo de asegurar la efectividad, la eficiencia y el éxito a largo plazo de esta iniciativa, Zicavo y el enlace designado por la Superintendencia de Servicios de Salud deberán garantizar el intercambio de información, el control de alertas sanitarias, la comparecencia del Estado nacional, la cantidad de acuerdos y su cumplimiento, y el grado de judicialización.

Otro de los aspectos que establece la reglamentación es que, incluso para casos ya judicializados, los magistrados podrán derivar las causas al PROMESA de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, siempre con el consentimiento expreso de la parte actora y una decisión judicial motivada. Esta medida busca facilitar la solución consensuada y compatible con los principios de economía procesal y celeridad.

Finalmente, para ampliar el alcance y el impacto del PROMESA, se invita a aquellas entidades que brindan servicios de salud y que no hayan sido alcanzadas por esta medida a adherir voluntariamente al procedimiento. Las solicitudes de adhesión se deberán presentar ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Esto permitirá sumar actores del sistema de salud a la resolución alternativa de controversias, promoviendo el diálogo y el acceso a una instancia eficaz para más beneficiarios.

En un contexto donde la litigiosidad en materia de salud ha experimentado un aumento significativo en los últimos años, retrasando soluciones y multiplicando gastos, la reglamentación del PROMESA reafirma el compromiso del Gobierno nacional con una justicia eficiente y propone una alternativa clara: menos tribunales y más acuerdos. Se terminó por judicializar todo.