La asociación que agrupa a profesionales revela informes "sesgados" elaborados por el ministerio de Sturzenegger, que son los apoyos técnicos a la disolución del organismo, la cual completa "un proceso de transferencia de competencias a las provincias" y privatización.

La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional promovió, la semana pasada, una acción de amparo requiriendo la nulidad y la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 461/2025 del Poder Ejecutivo Nacional que estableció el cierre del organismo vial; en conjunto con la solicitud de una medida cautelar para suspender los efectos del mismo hasta tanto se resuelva la impugnación de fondo. La presentación fue ante el fuero contencioso-administrativo federal de CABA.

El texto de 84 páginas desarrolla no sólo fundamentos jurídicos para rechazar el decreto presidencial, sino también argumentos que contradicen una serie de "falacias� contenidas en "informes técnicos" previos a la decisión de disolver Vialidad, elaborados por áreas del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, marcando así lo que la asociación considera severas "inexactitudes" sobre el estado del organismo.

Esta presentación se suma a la que tuvo una primera respuesta de la Justicia Federal a fines de la semana pasada. El viernes, el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, provincia de Buenos Aires, resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina) y suspendió por seis meses la vigencia del citado decreto. El gobierno nacional anunció la apelación de medida.

En este nuevo amparo, la entidad gremial que agrupa a profesionales apunta que el presupuesto asignado a Vialidad configura una de las "falacias y/o manipulación de los datos" por parte del gobierno. Así, indica que para el año 2024, el mismo alcanzó los $600.000 millones, de los cuales el Ejecutivo sólo autorizó usar $431.000 millones, haciendo caer al organismo en una "subejecución presupuestaria histórica". Así, ese año se ejecutó el 72% , pero, en lo que va de 2025, la situación empeoró ya que se lleva ejecutado "el 66%, ya que del crédito vigente por $454.480 millones se autorizaron $299.004 millones" , indica el texto.

Por ejemplo, según surge de una tabla anexa, durante la gestión de Mauricio Macri la más alta ejecución presupuestaria fue en 2017 y 2018 alcanzando el 96 y 97%, respectivamente; mientras que, en la gestión de Alberto Fernández, el 2021 tuvo una ejecución del 99%.

En esa línea, la asociación destaca que "Vialidad, independientemente del gobierno de turno, ha tenido una alta ejecución presupuestaria, con períodos en los cuales dicha ejecución ha sido total, siempre que la gestión institucional en ejercicio le girara los fondos asignados dado que, si bien la DNV cuenta con presupuesto propio, la disponibilidad es regulada por el Ministerio de Economía".

Así, se resalta que, para 2024, al organismo "solo se le permitió disponer del 72% de su presupuesto, siendo este el valor más bajo en los últimos 30 años". "Ni siquiera en la época en la cual la situación del país fue alarmante en términos políticos y sociales, como el período 2001 – 2002, o durante la pandemia en 2020/2021, se pudo observar una ejecución presupuestaria tan baja", agrega el texto.

Otro tema no menor que se plantea es la magnitud del presupuesto asignado al organismo, alertando que "en el último año ha sido disminuido de manera drástica". "Entre 2007 y 2023, el organismo recibió, en promedio, un presupuesto superior a los 2.000 millones de dólares anuales. En 2024, este disminuyó a 452 millones de dólares, es decir, una reducción del 73% en su presupuesto, contra un incremento del 25,8% del tránsito en el período 2007-2024�, contrasta la asociación gremial.

¿Qué datos dio el jefe de Gabinete en el Senado?
El informe presentado a fines de junio por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos ante el Senado argentino describía en términos generales el esquema actual de afectación de fondos nacionales destinados a la ejecución de obras de infraestructura en caminos nacionales y/o provinciales.

Indicaba la respuesta escrita, elaborada desde el Ministerio de Economía, que "para el desarrollo de la actividad sustantiva de la Dirección Nacional de Vialidad (construcción y mantenimiento de la Red Vial Nacional), el organismo cuenta con la asignación de crédito presupuestario anual destinado a la ejecución de gastos de capital".

Así, para la ejecución de dichos créditos presupuestados se afectan recursos provenientes de cuatro fuentes de financiamiento: Fondos del Tesoro de la Nación; Recursos propios; Transferencias Internas (refiere al Sistema Vial Integrado – SISVIAL-) y Crédito Externo (préstamos de entidades multilaterales).

Según el reporte, los créditos vigentes del ejercicio presupuestario 2025 asignados a Vialidad, al 6 de junio de 2025, para gastos de capital fueron $149.718 millones por transferencias internas, $55.746 millones por fondos del Tesoro Nacional, $18.188 millones por créditos externos y $3.342 millones por recursos propios del organismo, totalizando $226.994 millones.

Al detallar los créditos vigentes del presente ejercicio 2025 asignados a gastos de capital, se indica un total nacional por $45.548 millones. Al observar la clasificación por ubicación geográfica del gasto, al Chaco le corresponderían $1.123 millones.

Tareas de "alcance limitado"
El texto de la acción de amparo presentada refiere que, frente al panorama presupuestario detallado de "contar con solo el 22% de los recursos habituales recibidos en los últimos 17 años", surge como consecuencia "el tendencioso informe que afirma que el organismo desarrolla tareas de mantenimiento (de la red vial) con alcance limitado".

De hecho, en los informes realizados por el área de Desregulación, se enumeran las tareas de Vialidad como "labores de limpieza, reparación menor de baches o mantenimiento preventivo de la infraestructura vial", y se indica que "12 tipos de tareas concentran el 80% del tiempo destinado a actividades operativas", y las describe y enumera de la siguiente manera: "Mantenimiento vegetal (corte de pasto y desmalezado manual) representa el 40,23%. Le siguen Perfilado de calzada y banquinas (12,21%); Bacheo en frío (9,25%); Señalamiento vertical (5,07%) y Relleno de erosiones (3,42%)".

Por su parte "la Limpieza y/o perfilado de zona de camino representa el 3,02% del tiempo de actividad; el Retiro de derrumbes, aludes y avalanchas representa el 2,86%; la Limpieza y/o rectificación de cauces representa el 1,72%; el Despeje de calzada 1,61%, y la Limpieza de alcantarillas, el 1,35%".


La entidad gremial considera que "esta evaluación sobre el organismo habla de la profunda ausencia de conocimiento de las personas que colectaron esos datos, e ignorancia de quien desarrolló el informe o de una evidente manipulación tendenciosa, dado que no solo la descripción de tareas es sesgada, sino que también omite la integralidad de tareas que se desarrolla en la DNV.

En otra parte del texto jurídico, también se cuestionan conceptos del ministro Sturzenegger: "Es inverosímil suponer que mezclar las funciones que se corresponden al estatuto orgánico de una persona jurídica (Dirección Nacional de Vialidad) en el mar de la burocracia ministerial dará como resultado un esquema institucional más ágil, eficiente y transparente , no sólo porque es un desajuste legal que transgrede la vigencia de 23 normas ni siquiera consideradas en el Decreto objeto de este amparo, sino desde el mínimo sentido común al comparar una institución centenaria, con especialidad en la red federal de caminos diluida en los pasillos de un Ministerio, es una desafortunada broma".

"Reconfiguración estructural"

Por último, se cuestiona que quienes elaboraron los informes "desconocen u omiten que el mantenimiento de la red vial nacional es una de las principales tareas asignadas al organismo desde su creación por ley en el año 1932 y su estatuto orgánico aprobado en 1958, que establece que tendrá a su cargo el estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales y de sus obras complementarias", lo que "claramente no es una actividad residual".

"Luego de efectuar su erróneo, sesgado y falso análisis tridimensional, el informante concluye que la disolución de Vialidad tiene el objetivo de completar un proceso que, en los hechos, ya se ha venido desarrollando, tanto en lo que respecta a la transferencia de competencias a las provincias, como en lo relativo a la concesión de las actividades al sector privado" , resalta la entidad gremial.

Asimismo, se revela como intención del Poder Ejecutivo "la reconfiguración estructural" que "propone consolidar un modelo de gestión más eficiente y acorde a las realidades actuales, a partir de la implementación de un sistema de supervisión y auditoría independiente, que garantice niveles de transparencia y control que Vialidad no ha logrado asegurar de forma sostenida".

Impuesto a los combustibles: Nación se quedó con $267.000 millones en 2024
Otro dato que introduce la asociación gremial en el texto del amparo presentado alude al Impuesto a los Combustibles Líquidos (Ley 23.966), que grava cada litro de nafta y gasoil que cargan los usuarios con un 28% y establece como uno de sus destinos específicos "mantener y reparar rutas nacionales". Se indica al respecto que, sólo en 2024, el gobierno nacional recaudó $405.000 millones, de los cuales $267.000 millones fueron retenidos por el Poder Ejecutivo Nacional y solo $137.000 millones llegaron a Vialidad Nacional.


En un escenario de precios volátiles, la venta de combustibles tuvo una leve retracción en el Chaco.

Según explicaba el informe de Jefatura de Gabinete, el producido de este impuesto se distribuye de la siguiente manera : a) Tesoro Nacional: 10,40%; b) Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi): 15,07%; c) Provincias: 10,40%; d) Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales: 28,69%; e) Fideicomiso de Infraestructura Hídrica: 4,31%; f) Fideicomiso de Infraestructura de Transporte: 28,58% y g) Compensación Transporte Público: 2,55%.

Con respecto al 28,58% derivado al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte del Decreto 976/2001, se aclara que dicho instrumento está compuesto por diversos patrimonios separados, entre los cuales se desprende el "Sistema Vial Integrado" (SISVIAL), cuyos recursos se afectan al financiamiento de obras viales nacionales.

Al respecto, de acuerdo a los cambios introducidos por un decreto de 2024, el 50% de los recursos integrados a ese fideicomiso van al SISVIAL, con lo cual, la aplicación del impuesto se hace de la siguiente manera:

Finalmente, se explica que los recursos de SISVIAL se utilizan para el pago de certificados de obras viales, de acuerdo con las presentaciones y certificaciones realizadas por Vialidad, lo que incluye proyectos, obras y mantenimiento de infraestructura vial.

Cuestionamientos sobre la dotación de personal y los equipos viales
Una de las "falacias y/o manipulación de los datos" que la asociación gremial cuestiona se refiere a un informe elaborado por la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, sobre la dotación de organismos descentralizados , donde se indican que tenían en 2010 un total de 35.481 agentes, cifra que ascendió a 88.095 en 2024.

La entidad sindical plantea que "no existe una discriminación por organismo", y sostiene que "la dotación de personal de Vialidad en el año 2010 era de 4.588 agentes y en la actualidad es de 5.163 agentes , demostrando que no existe un incremento en su planta, salvo el producido por la ampliación de la red".

Además, se cuestiona un informe también del ministerio de Sturzenegger que da cuenta de que, de los 4.053 agentes de los distritos de Vialidad Nacional, el 67% cumple funciones administrativas, técnicas o jerárquicas, y solo el 33% realiza tareas operativas en territorio. "Esto evidencia un sobredimensionamiento administrativo y técnico respecto del componente operativo", alertan.

Contrastan esos datos indicando que el 82% del personal de Vialidad es operativo y con tareas en territorio, y el restante 18% es personal técnico-administrativo.

Se detalla, a la vez, que Vialidad posee 24 distritos, 100 campamentos, 100 puestos de control de pesos y dimensiones y atiende de manera directa los principales pasos internacionales terrestres del país. Así, en suma, el organismo posee 4.053 agentes distribuidos en todas las provincias, lo que lleva a un promedio de 170 agentes por distrito.

Luego, detalla un listado extenso de las tareas que se realizan y el personal con presencia territorial, que busca marcar la diferencia con las 12 funciones que solamente se detallan en los informes elaborados áreas del Ministerio de Desregulación. Entre las mismas se cuentan las funciones de inventario vial, evaluación visual de pavimentos, relevamiento del estado estructural de la red, construir – supervisar obras, entre varias más.

Se cuestiona también un informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Diseño Organizacional, otra área del Ministerio de Desregulación, que da cuenta de que los organismos desconcentrados y descentralizados cuentan con 477 autoridades superiores, "lo que dio lugar a una estructura excesivamente onerosa para el Poder Ejecutivo Nacional".

En particular, para el caso de Vialidad, la asociación informa que posee 40 cargos de primer nivel jerárquico, sobre lo cual no cabe la afirmación de "estructura excesivamente onerosa para el Poder Ejecutivo Nacional".

Por último, en relación al "análisis" del equipamiento que posee la DNV, la asociación cuestiona que los informes realizados por el gobierno concluyen que existe "más de un equipo y un automotor liviano por agente operativo", totalizando 4.948 equipos.

Tras marcar "errores" en el cálculo, a partir de la reducida cantidad de agentes que se consideran, la asociación indica que a julio de 2025 se encuentran registradas en el sistema un total de 5.198 unidades, distribuidas en diez rubros , entre ellas, equipos de demarcación vial, auxiliares, de relevamiento, viales provinciales y viales secundarios, unidades motoras livianas y pesadas, entre otras. De ese total, 4.130 equipos están en funcionamiento a la fecha.

Concesión de rutas: "En el pasado resultó un fracaso"
En la presentación judicial se advierte sobre el "limitado impacto" de la concesión de rutas nacionales. “El anhelo de transferir al sector privado las rutas con tránsito elevado (+ de 6.000 vehículos/día) se corresponde con la zona central del país", dado que "el resto, que no alcanza ese tránsito, presumimos que la pretensión es que se transfiera las provincias, experiencia que fue intentada de manera parcial en el pasado y resultó un fracaso", alertan, y recuerdan que "los vaivenes de la economía provocaron que las provincias devolvieran el mantenimiento a la Nación, por falta de pago de los convenios de mantenimiento" , al tiempo que ocurrió lo mismo "con los privados en los tramos concesionados por peaje".

La estación de peajes del puente Chaco-Corrientes. La Justicia Federal convalidó el aumento y revocó cautelar que congelaba la tarifa.
En esa línea, se indica también que, al margen de esa red de concesiones, "para el resto del país y la mayor parte de la red vial no hay ninguna respuesta de construcción y mantenimiento". "Es gravísimo porque quieren quebrar definitivamente el sistema carretero de la República Argentina", alertan.

Como dato importante, indican que la economía del país se mueve mediante transporte terrestre con 350.000 camiones que, a diario, recorren las rutas argentinas, y que el 90% lo hacen por rutas nacionales.

Fuente: diarionorte.com