El Inspector General de Justicia, Daniel Roque Vítolo, comenzó a tomar contacto con las autoridades de control de personas jurídicas y a cargo de los registros públicos de todas las provincias argentinas, para poner en marcha lo establecido por el Poder Ejecutivo Nacional por medio del decreto 486/2025, y puso a disposición de las mismas los equipos técnicos de la IGJ para asistirlas y suministrarles la experiencia del Organismo en esta materia.

En un mensaje remitido a las autoridades provinciales, Vitolo señaló que “el decreto 486/2025 dictado por el Presidente de la República es un avance enorme en este campo que viene a dar soluciones a un reclamo de las entidades religiosas —distintas de la Iglesia Católica— que lleva más de cuarenta (40) años, y que se ha acrecentado en los últimos diez (10) años a raíz de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación que las reconoce como personas jurídicas privadas�.

Agregó “es de vital importancia que todas las provincias argentinas establezcan en sus propias jurisdicciones normas que permitan a estas instituciones poder contar con contabilidad regular, libros rubricados, cualquiera que sea la estructura jurídica que hubiesen adoptado y con la sola condición de que su culto esté habilitado mediante su inscripción en el Registro Nacional de Cultos (ley 21.745). Conforme a las funciones de coordinación que se han asignado al organismo que presido por parte del decreto referido, me pongo personalmente, junto a todo el equipo de la IGJ, a disposición de Uds. para colaborar en todo lo que resulte necesario a efectos de poner en práctica y hacer efectiva la manda presidencial�.

Es de destacar que las provincias de Santa Fe, Corrientes, Córdoba y Neuquén ya han avanzado en este sentido, dictando disposiciones similares a las contenidas en la Resol. Gral. IGJ Nº 15/2024.