La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó en la madrugada del domingo una ley que reglamenta el estado de excepción, previamente votada en el Senado, y la remitió al poder ejecutivo. Esta norma autoriza al presidente Rodrigo Paz a declarar el estado de excepción con el objetivo de controlar la ola de 37 días de protestas sociales que reclaman su renuncia.

La aprobación de esta ley se produjo horas después de que las fuerzas del orden, apoyadas solo por equipos antimotines, no lograran despejar una carretera estratégica en el oriente y debieron retirarse ante la presión de los manifestantes. Se reportaron seis policías heridos de bala y al menos 26 civiles también resultaron heridos, según informes de fuentes médicas y policiales.

Las manifestaciones, que han cobrado mayor intensidad en La Paz, han dejado a la capital boliviana con escasez de alimentos, combustibles y suministros básicos. Diversos sectores han solicitado al presidente que implemente el estado de excepción y movilice al Ejército para restablecer el orden público.

La nueva normativa faculta al presidente a declarar el estado de excepción en todo o en parte del territorio mediante un decreto que debe ser posteriormente aprobado por el poder legislativo. Su objetivo es "preservar el orden constitucional y la seguridad del Estado" en situaciones de "conmoción interna", permitiendo la suspensión o limitación de ciertos derechos vinculados a la seguridad, el orden público y la libre circulación.

Las acciones de la policía y las Fuerzas Armadas tendrán "presunción de legalidad", según uno de los puntos más discutidos de la ley.

El presidente ha priorizado el diálogo con los manifestantes y la apertura de "corredores humanitarios" en La Paz, evitando el uso de armamento por parte de las fuerzas de seguridad para prevenir incidentes que puedan agravar la situación. Sin embargo, los movilizados han rechazado las negociaciones y se mantienen firmes en su demanda de renuncia.

Desde su asunción hace siete meses, Rodrigo Paz enfrenta fuertes protestas sociales lideradas por sindicatos rurales y urbanos aliados del expresidente Evo Morales, quien ha sido acusado de alentar estas movilizaciones. Morales, a su vez, ha propuesto la convocatoria a nuevas elecciones nacionales como una posible solución a la crisis actual.