La Municipalidad de San Miguel de Tucumán profundizó los controles y las sanciones contra quienes arrojan residuos en la vía pública y confirmó el secuestro de 25 vehículos pertenecientes a infractores detectados mediante el sistema de cámaras de vigilancia instalado en distintos sectores de la ciudad. Además, los responsables fueron multados y podrían enfrentar sanciones económicas de hasta $ 900.000, según lo establece el Código de Faltas vigente.

La información fue confirmada por el secretario de Ordenamiento y Convivencia, a cargo de la Fiscalía Ambiental, Javier González, quien explicó que las actuaciones corresponden a hechos registrados durante los meses de junio, julio y agosto.

El funcionario precisó que los procedimientos fueron impulsados por la Fiscalía Ambiental, dependiente de la Secretaría de Ordenamiento y Convivencia, con la participación del Centro Operativo de Monitoreo Municipal (COMM), los Juzgados del Tribunal de Faltas y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de los inspectores de la Brigada Ambiental Municipal (BAM).

González señaló que la identificación de los infractores demandó una investigación de oficio que incluyó el análisis de las imágenes captadas por las cámaras y el entrecruzamiento de información entre organismos municipales, provinciales y nacionales para establecer con precisión la identidad de las personas involucradas.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía Ambiental presentó los antecedentes ante el juez ambiental de San Miguel de Tucumán, quien dispuso el secuestro de los 25 vehículos utilizados por los infractores y ordenó la aplicación de las multas previstas en la normativa municipal.

El secretario explicó que la identificación de los responsables fue posible mediante el dominio de cada rodado. A partir de esa información se confeccionaron las actas de infracción, se ordenó el secuestro de los vehículos y se aplicaron las sanciones económicas correspondientes.

Asimismo, detalló que una vez concretado el secuestro, el trámite queda bajo la órbita del juez ambiental, quien convoca al infractor para que ejerza su derecho de defensa mediante un descargo. Posteriormente, el magistrado determina si corresponde la restitución del vehículo y evalúa la eventual aplicación de sanciones complementarias a las ya impuestas.

Finalmente, González recordó que el Código de Faltas de San Miguel de Tucumán contempla multas de hasta $ 900.000 para quienes sean sorprendidos arrojando residuos en la vía pública, en el marco de la política municipal destinada a combatir la formación de basurales clandestinos y preservar el ambiente urbano.
Fuente: Contexto Tucumán